Permisología y estancamiento productivo: Reducir la burocracia y un poco más
En enero del 2024 el Gobierno ingresó para el debate de la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto de Ley Marco sobre Autorizaciones Sectoriales, más conocido como Ley de permisología.
Esta iniciativa, desde la cartera de Economía, tiene por objetivo agilizar y simplificar la obtención de permisos sectoriales para proyectos de inversión con el compromiso de no comprometer los estándares regulatorios ni disminuir las exigencias ambientales y técnicas vigentes.
La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), en su informe “Calidad Regulatoria en Chile: Una Revisión de Sectores Estratégicos”, analizó 400 permisos otorgados por 53 entidades públicas concluyendo la existencia de trámites extensos, ambigüedad normativa y una falta de definición clara sobre las competencias de las instituciones, generando incertidumbre para los responsables de proyectos.
Adicionalmente, se ha identificado en otros estudios realizados por la entidad y por el Ministerio de Economía plazos de evaluación que superan lo establecido en la normativa, ausencia de límites de tiempo obligatorios para resolver solicitudes, junto con una baja trazabilidad y coordinación entre instituciones involucradas en los procesos de autorización.
La propuesta en discusión, aprobada en la Comisión de Economía del Senado, se enmarca dentro del paquete de medidas del Pacto Fiscal, como una de las iniciativas en favor de impulsar el crecimiento económico como resultado de una mayor inversión. Como parte de este esfuerzo, el Ejecutivo conformó en diciembre de 2023 el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo orientado a dinamizar la inversión tanto pública como privada, con el fin de fortalecer las bases del desarrollo económico nacional.
Parte del diagnóstico emanado por el Gabinete y que constituyen la base para mejorar el sistema de permisología se centra en:
Estancamiento del crecimiento económico y la productividad de la economía chilena;
Retos medioambientales globales
La necesidad de contar con un sistema de permisos más moderno, equilibrado y proporcional a la inversión en evaluación. Mejorar este diagnóstico de la mano con optimizar los procesos institucionales en favor de la inversión en Chile, sin duda es algo positivo.
Avanzar en un proyecto con estas características resulta especialmente relevante en un contexto marcado por el estancamiento productivo. Si, además, existe un consenso en torno a la existencia de excesivas trabas burocráticas que dificultan el desarrollo de proyectos de inversión, revisar y replantear dichas medidas administrativas se vuelve fundamental.
Esto permitiría reducir los costos de inversión y evitar que sean los aspectos burocráticos los que limiten el desarrollo de las actividades empresariales. Ahora bien, a partir de este análisis surge una pregunta clave: ¿podemos atribuir el estancamiento productivo que atraviesa nuestro país únicamente a estas llamadas “trabas burocráticas”?
Si bien es fundamental reducir estos costos de transacción, dicha estrategia se basa nuevamente en la creencia que el mercado es el agente más eficiente para asignar recursos y decidir qué y cómo producir. Esta ha sido la premisa que ha orientado históricamente el desarrollo productivo en Chile, determinando en gran medida los sectores que se han impulsado.
Aunque las trabas burocráticas han representado un obstáculo relevante para la inversión, centrar los esfuerzos únicamente en su reducción implica, una vez más, delegar la orientación de las políticas productivas al mercado. Esto refuerza un enfoque de horizontalidad que deja en manos del sector privado la asignación de recursos y las decisiones de inversión, sin una estrategia clara de transformación productiva desde el Estado.
¿Por qué esto es relevante? en el caso chileno esto es fundamental porque la especialización productiva, es decir, lo sectores económicos donde se ha priorizado la inversión, han sido intensivamente basados en recursos naturales y manufacturas de bajo valor agregado, justamente, aquellos sectores que poseen limitados encadenamientos productivos, reducidas dinámicas de aprendizaje y limitadas economías de escala.
Entonces, es de esperar que, ante esta especialización, el estancamiento productivo responda más a la misma estructura económica que a costos propios de la burocracia. Cabe recordar que la Inversión Extranjera Directa el 2024 alcanzó los 15 mil millones de dólares, la cifra más alta desde 2015.
Por tanto, no podemos reducir la discusión sobre cómo “volver al crecimiento” a la sola eliminación de trabas burocráticas, especialmente si ello no cuestiona la estructura económica ni promueve incentivos hacia sectores con mayor potencial dinámico a largo plazo.
La necesidad de un proyecto de permisología debe ir de la mano de políticas que incentiven nuevos sectores, tales como la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (AfiDE), que promuevan, en última instancia, una transformación productiva dentro de una mirada de largo plazo.
