Dos abogados ayudaron a vecinos a ganar juicio contra salmonera: Ahora arriesgan multa de $ 400 millones
En febrero de este año, las comunidades mapuche que viven en el río Chesque celebraron un fallo de la Corte Suprema contra una salmonera que vertía contaminantes al río desde 1998 sin contar con permiso ambiental. Ahora, los abogados que representaron a los vecinos de Chesque en la larga batalla legal arriesgan una multa de $ 400 millones.
Tras años operando irregularmente, la empresa obtuvo un permiso ambiental en 2019, y este fue revocado en 2021 debido al incumplimiento de varias medidas. La salmonera siguió operando a pesar de que se le revocó el permiso, y ahí es cuando los abogados de la comunidad solicitaron una orden de no innovar ante la Corte de Apelaciones de Temuco, que paralizó a la salmonera por 11 meses.
Tras esta situación, los titulares de la empresa interpusieron una demanda contra los abogados, Antonio Madrid y Antonia Berrios, argumentando que la paralización les generó un perjuicio económico, y exigiendo por ello una indemnización de $ 400 millones.
Los abogados en cuestión trabajaban para la ONG FIMA, que se dedica a prestar asesoría jurídica especializada a comunidades que enfrentan conflictos socioambientales.
Amedrentamiento
Desde la misma ONG FIMA alertan que este caso constituye no un intento de buscar justicia sino de amedrentar e intimidar a los opositores a su actividad. Estas demandas, denominadas como estratégicas contra la participación pública o SLAPP por sus siglas en inglés, van en aumento en el mundo y también en Chile.
“Lo que estamos enfrentando con esta acción es un típico caso de un juicio estratégicamente levantado para intimidar y limitar la participación pública. La instancia que dio la orden de paralizar las obras de la empresa fue la Corte de Apelaciones de Temuco y confirmó lo mismo la Corte Suprema. Si eso sucedió, fue porque la Corte vio que la solicitud tenía fundamentos y era necesario que se detuviera la intervención de manera inmediata para evitar posibles vulneraciones de garantías fundamentales”, explica una de las demandadas, Antonia Berríos.
La profesional declara que la demanda significa un desgaste para su actividad. “Es una presión a la que no quisiéramos estar sometidos. Pero también nos hace pensar que, si esto nos sucede a nosotros que somos abogados y estamos acostumbrados a trabajar con la ley, ¿qué pasa con las personas y comunidades que solo quieren hacer valer sus derechos?
Desde FIMA y otras organizaciones han identificado varios casos en el país donde grandes empresas demandan a personas por manifestar su oposición a un proyecto de inversión. Un caso es el del ambientalista Rodrigo de la O, que se manifestaba en contra de un proyecto inmobiliario en un santuario de la naturaleza.
Rodrigo fue demandado en 2020 por la inmobiliaria titular del proyecto, la que exigía una indemnización de más de $200 millones por daño económico y daño a la imagen. El caso fue desestimado por falta de fundamentos y la empresa fue condenada a pagar los costos del juicio.
El aumento de este tipo de casos va en detrimento del Acuerdo de Escazú, firmado por Chile en 2022, y donde los países parte se comprometen a tomar medidas para mejorar el acceso a la justicia ambiental y a reducir la violencia y las amenazas en contra de defensoras y defensores ambientales.
