Carabinero aceptó auto por no denunciar choque y tenía munición de guerra en su dormitorio: Ordenan prisión preventiva
Durante la madrugada del 22 de febrero, un conductor en evidente estado de ebriedad impactó con su vehículo a otro que estaba estacionado frente a la Tercera Comisaría de Carabineros de Arica.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el auto pertenecía a un carabinero de la misma unidad. Al realizarle el alcotest, el resultado arrojó 1,88 gramos de alcohol por litro de sangre.
Pero lo que parecía un procedimiento habitual terminó convirtiéndose en un caso penal para el propio carabinero.
De acuerdo con la Fiscalía, en vez de reportar la infracción por conducción en estado de ebriedad con daños, el funcionario ofreció al conductor un trato: que le entregara el vehículo como compensación, a cambio de no informar a la autoridad.
El ofrecimiento fue aceptado. Más tarde ese mismo día, ambos acudieron a una notaría junto a un tercero —amigo del carabinero— donde transfirieron el vehículo por un millón de pesos.
La investigación llevada a cabo por la Sección de Asuntos Internos de Carabineros permitió establecer la comisión del delito de cohecho.
Con esa información, se solicitó autorización judicial para registrar el domicilio del imputado y su espacio dentro de la comisaría.
El 14 de abril, personal policial encontró en su dormitorio un paquete de petardos y 23 fuegos artificiales.
En una bodega de la unidad se hallaron 100 cartuchos de escopeta, un cartucho de acero, 26 cartuchos calibre 357, 13 cartuchos calibre 7,62 —considerados munición de guerra—, 13 cartuchos calibre 38, un cartucho a fogueo, una granada, una cápsula de granada triple y un gas lacrimógeno, todos aptos para el disparo.
Con estos antecedentes, el martes 15 de abril el Juzgado de Garantía de Arica formalizó al funcionario por cohecho, posesión de municiones y tenencia de munición de guerra.
El magistrado Juan Araya Contreras ordenó su ingreso a la Tercera Comisaría de Carabineros, al amparo del Código de Justicia Militar, considerando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. El plazo de investigación fue fijado en 90 días.
