Chile frente al Acuerdo de Escazú: La deuda con sus defensores
El panorama de quienes defienden el ambiente en América Latina y el Caribe está en una fase crítica. Nuestra región se posiciona como una de las más peligrosas para las y los defensores del planeta.
Por dicha amenaza, se impulsó la creación de normativas pioneras a nivel mundial, como el Acuerdo de Escazú, que en su Artículo 9 brinda garantías específicas para su protección, reconociendo su papel fundamental en la defensa del territorio y los derechos humanos.
Chile, no está ajeno a esta inquietante realidad. Pese a que no lidera la lista regional de agresiones u homicidios a protectores y protectoras del ambiente, el panorama local sigue siendo de extrema complejidad.
El reciente informe “La situación de las personas defensoras de la naturaleza en Chile durante el 2024” de la ONG Escazú Ahora, evidenció que al menos 27 personas defensoras del ambiente enfrentan amenazas o han sido agredidos, registrando más de 47 incidentes concretos.
Sin embargo, estas cifras podrían ser la punta del iceberg. Muchos otros, incidentes de intimidación y hostigamiento, por temor o desconfianza, no se reportan a las autoridades. Las estadísticas revelan que proteger la naturaleza hoy, representa una actividad de alto riesgo que desalienta a comunidades y personas que luchan por sus territorios, por sus derechos y por un bien común invaluable para todas las personas como es el entorno natural que habitamos.
A esta cruda realidad se añade la criminalización y el acoso, especialmente cuando quienes defienden sus comunidades y recursos se esfuerzan por preservar sus tierras frente a proyectos extractivistas y forestales que impactan principalmente a zonas indígenas.
No obstante, es crucial resaltar que las defensoras ambientales enfrentan formas de violencia específicas e interseccionales, tanto por su frecuencia como por su complejidad. En este contexto, según los datos de la ONG Escazú Ahora, el 70,2% de los casos documentados afectó a mujeres, evidenciando que muchas de ellas fueron víctimas de múltiples amenazas o agresiones a lo largo del mismo año.
Esta persecución forma parte de una estrategia global de ocultación, en Chile también se infiltran estas prácticas nefastas. Procesos judiciales infundados con acusaciones penales exageradas o falsas; abuso de la fuerza pública para frenar protestas pacíficas y las campañas de descrédito que etiquetan a activistas como "terroristas", "criminales" o "antidesarrollo", todas prácticas que erosionan la legitimidad social que tienen las personas que destinan su activismo en la defensa del medio ambiente.
La criminalización se manifiesta con mayor frecuencia cuando se enfrentan a modelos productivos extractivistas y forestales en tierras ancestrales indígenas, como en la Araucanía, donde las comunidades mapuche han sido constantemente sometidas a agresiones, procesos judiciales y estigmatización. A pesar de que Chile firmó el Acuerdo de Escazú, el entramado legislativo sigue sin ser lo suficientemente robusto como para cumplir con estas responsabilidades globales.
Lo descrito es una tendencia común en la región. Las carencias en la implementación eficiente de medidas de protección y alerta temprana, sumadas a un control judicial deficiente, son poderosos obstáculos para responder con eficacia a las agresiones contra activistas ambientales.
No obstante, Chile ha avanzado un peldaño con la aprobación general del proyecto de Ley sobre Protección de Defensores del Medio Ambiente. Esté progreso legislativo reconoce la urgencia de enfrentar este desafío, buscando hacer operativo el Acuerdo de Escazú y aportando al diálogo entre la sociedad civil, organizaciones y el gobierno.
Para fortalecer los progresos es crucial garantizar que estos se conviertan en herramientas tangibles y eficaces qué garanticen la protección real y el reconocimiento explícito de quienes defienden el ambiente. La autonomía judicial, la implementación de sistemas robustos de alerta temprana y una rigurosa regulación del accionar empresarial son esenciales para proteger no solo a quienes resguardan los ecosistemas, sino también la democracia y los derechos humanos.
Es hora de convertir compromisos en acciones visibles y seguras para aquellos que se esfuerzan por preservar el entorno natural, nuestro porvenir y el bienestar de las futuras generaciones.
