¿Nombrar una calle en honor a Pinochet?: Un retroceso inaceptable para nuestra democracia
Como concejala de Las Condes quiero expresar mi absoluto rechazo a la propuesta de algunos concejales de nuestra comuna en renombrar una calle o plaza en honor a Augusto Pinochet Ugarte.
Esta iniciativa no solo es un agravio para las miles de víctimas de su dictadura, sino que también representa un peligroso intento de blanqueo histórico. Chile ha avanzado en materia de memoria y derechos humanos, y Las Condes no puede convertirse en un bastión de la negación y la reivindicación del autoritarismo.
Designar un espacio público con el nombre de Pinochet es un acto que divide a la sociedad y que reabre heridas que aún no terminan de sanar. No podemos olvidar que su régimen estuvo marcado por el terrorismo de Estado: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas y el exilio de miles de chilenos.
Estas no son opiniones ni interpretaciones subjetivas, son hechos históricos respaldados por múltiples informes nacionales e internacionales, como el Informe Rettig y el Informe Valech.
Quienes defienden esta propuesta argumentan que Pinochet fue un líder que modernizó el país y que su legado económico justifica su reconocimiento, pero ningún crecimiento económico puede ser excusa para la violación de derechos humanos. Además, el supuesto modelo de éxito que se instauró en su dictadura generó una sociedad profundamente desigual, con un sistema de salud y pensiones privatizado que ha condenado a muchas familias al endeudamiento y la precarización.
Las Condes es un reflejo de esa desigualdad: una comuna con grandes recursos, pero donde muchos adultos mayores viven con pensiones miserables, donde la vivienda es inaccesible para las nuevas generaciones y donde el espacio público ha sido diseñado para privilegiar a unos pocos.
Durante este periodo, se instauró un modelo económico neoliberal extremo, caracterizado por la liberalización del comercio, privatización masiva de empresas estatales, desregulación del mercado laboral y la reducción del gasto público.
La crisis de 1982 dejó en evidencia la fragilidad de este modelo: el PIB cayó un 14,3%, el desempleo alcanzó el 30% y miles de empresas quebraron. Y en 1987 la pobreza aumentó drásticamente, superando el 45%. Lejos de ser un “milagro económico”, el régimen dejó un país fracturado.
Chile ya ha tenido debates similares en el pasado y la tendencia mundial es clara: los homenajes a dictadores y violadores de derechos humanos están siendo eliminados, no promovidos. En España, por ejemplo, la Ley de Memoria Histórica ha impulsado la retirada de nombres franquistas de las calles. Alemania, por su parte, jamás ha permitido homenajes a Adolf Hitler o cualquier figura del nazismo. ¿Por qué en Chile deberíamos avanzar en la dirección contraria?
Nuestro país ha intentado avanzar en justicia y reparación, pero aún hay mucho camino por recorrer. Aún hay familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos, aún hay sobrevivientes que luchan por reconocimiento, y aún hay sectores que intentan relativizar lo que ocurrió entre 1973 y 1990. Permitir que el nombre de Pinochet aparezca en un espacio público no solo es una falta de respeto a las víctimas, sino que además contribuye a la impunidad histórica.
El negacionismo es un peligro para la democracia. Minimizar o justificar crímenes de lesa humanidad es un atentado contra la construcción de una cultura de Derechos Humanos. Abre paso a que se repitan patrones de violencia estatal, debilitando las garantías de no repetición. Y reivindicar públicamente a figuras responsables de represión y exterminio, rindiendo homenajes como calles o plazas, legitima el abuso de poder y refuerza los discursos autoritarios e impide la reconciliación.
Como concejala, me opongo tajantemente a esta propuesta y defenderé en el Concejo Municipal una visión de Las Condes que mire hacia el futuro con democracia, memoria y justicia. No podemos permitir que nuestra comuna sea usada como un símbolo de reivindicación del pasado más oscuro de Chile. Si queremos construir un país donde todos y todas puedan vivir en paz, debemos ser claros en condenar cualquier intento de normalizar el legado de la dictadura.
Invito a la ciudadanía a manifestar su rechazo a esta propuesta y a exigir que los espacios públicos sean utilizados para homenajear a quienes contribuyeron a la democracia, la justicia y la paz. La memoria no es una trinchera política, es un compromiso con la verdad y con el nunca más.
