En su primera cuenta pública del año 2022, el actual gobierno planteó un compromiso claro en materia de pesca, señalando que: "Vamos a cumplir con nuestro compromiso de avanzar en una nueva ley, libre de corrupción y fruto de un debate abierto que sea transparente, que entregue reglas claras, justas y sostenibles, tanto a nivel industrial como artesanal".

Dos años después, en el mensaje presidencial del año 2024, el compromiso fue sostenido, afirmando que se había cumplido con el ingreso de un nuevo proyecto de ley que reemplazara a la denominada “Ley Longueira”, la cual se encontraba rodeada de cuestionamientos producto de su gestación en un marco de corrupción y conflictos de interés.

Así, el mandatario mencionaba que “merecemos una ley que avance en transparencia, justicia para la pesca artesanal y desarrollo pesquero sostenible que, a su vez, se haga cargo de las históricas demandas de mayor protección social en el rubro".

Sin embargo, a solo meses de que el gobierno del presidente Gabriel Boric llegue a su término, la pregunta que sigue rondando es: ¿cuándo verán la luz las promesas de transformación por una normativa pesquera más justa y elaborada de manera transparente? ¿Se lograrán cumplir las expectativas de transparencia, justicia y sostenibilidad que se han instalado en las cientos de caletas que recorren nuestro país?

El Congreso y la gran muralla: El arte de hacer la hora.

El ingreso del nuevo proyecto de Ley de Pesca a fines del 2023 fue celebrado como un hito, pero su tramitación en el Congreso ha estado marcada desde un inicio por un avance engorroso y un freno evidente de parte de los sectores opositores, basta recordar las 211 indicaciones que los diputados Sergio Bobadilla (UDI) y Bernardo Berger (ind-RN) presentaron en la discusión en mayo del año pasado siendo un copy paste de un informe que la gremial empresarial Sonapesca puso a disposición.

El proyecto ha sido discutido en la Comisión de Pesca, Acuicultura, e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, donde se han escuchado las opiniones de representantes de la pesca artesanal, la industria, el mundo científico, así como también de organizaciones ambientalistas.

Recordar que algunos aspectos destacados del proyecto de nueva ley incluyen avances sobre el concepto de seguridad alimentaria como principio rector, la creación de mecanismos más transparentes para la asignación de cuotas, la inclusión de criterios científicos y ecológicos para garantizar la sostenibilidad de las pesquerías, así como también medidas de protección social para los trabajadores y trabajadoras del rubro (acceso a seguridad social y condiciones laborales dignas).

Pese a plantear temas urgentes y de suma relevancia para una potencia pesquera como la chilena, que además para el año 2024 presentaba el 53% de sus pesquerías con algún tipo de riesgo, la discusión ha enfrentado obstáculos significativos. Presiones por parte del conglomerado de la industria pesquera, que han acusado inequidad e injusticia por no estar siendo considerados de manera oportuna en la discusión, han intentado diluir aspectos clave del proyecto, entre ellos la redistribución de cuotas.

A esto último se añade una falta de consenso entre los actores políticos, todo lo cual ha frenado un avance efectivo de la normativa, motivando en septiembre del año pasado un cambio de estrategia de parte del ejecutivo.

Así, el camino adoptado fue ingresar un nuevo proyecto de ley específico sobre el fraccionamiento de las pesquerías, intentando dar respuesta al corazón de las demandas del sector pesquero artesanal que claman por una distribución más justa de las cuotas de extracción entre el sector artesanal y el industrial.

En este nuevo camino la historia no ha sido muy diferente, ya que, a pesar de obtener una amplia aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados (111 votos a favor y 4 en contra), el proyecto se ha encontrado nuevamente con barreras.

Claro ejemplo es la decisión del senador Felipe Kast (Evopoli), quien preside la Comisión de Hacienda del Senado, y quien optó por no darle urgencia al proyecto, dilatando aún más su discusión. Dichas señales han reactivado una efervescencia social y motivado múltiples manifestaciones por parte de los pescadores artesanales a lo largo del país.

El contraste entre el discurso y la realidad: ¿Qué más queda por hacer?

Mientras el gobierno ha reiterado su compromiso con la transparencia, la justicia y la sostenibilidad, la realidad en el Congreso muestra un escenario más complejo. Aunque el proyecto promete mecanismos más transparentes para la asignación de cuotas, desde el mundo de la pesca artesanal han denunciado que el proceso de discusión en el Congreso no ha sido tan abierto y participativo como se prometió en un inicio.

En enero Miguel Avalos, secretario de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, CONAPACH, ya advertía sobre posibles movilizaciones “este proyecto es una necesidad para la pesca artesanal ahora, no mañana ni en el próximo gobierno, por eso es que es propicio un estado de alerta y la posibilidad de realizar movilizaciones a nivel nacional, en cada una de las caletas, para que el Senado se entere de las problemáticas que enfrentará el sector si no hay una respuesta certera y favorable”.

En esta linea, Zoila Bustamante, presidenta de la CONAPACH, planteó que “Lo importante es que los senadores entiendan que el apoyo va a la gente de mar que hace el esfuerzo pesquero, a los que pescan y a miles de personas que trabajan en el sector artesanal”.

Lo cierto es que para avanzar en cambios profundos al sector pesquero nacional, y hacerse cargo de las demandas que acompañan al tan añorado fraccionamiento, tales como una plataforma social, soberanía alimentaria y la conservación de los recursos pesqueros, es preciso empujar los cambios desde todos los frentes que confluyen por una administración más justa y basada en principios de sostenibilidad.

Para esto urge una coordinación sólida entre parlamentarios del oficialismo que han apoyado estas reformas, organizaciones de la pesca artesanal a nivel nacional y local, academia, ONG`s, entre otras que, apoyadas por el Ejecutivo, permitan sortear el muro interpuesto por los grupos de poder, y a su vez, darle al gobierno la posibilidad de demostrar que sus palabras se traducen en acciones concretas.

Solo así se podrá avanzar hacia un modelo pesquero justo, sostenible, al servicio de la buena nutrición del país y con miras a enfrentar los desafíos de la crisis ambiental global.