Durante la última jornada de reuniones del Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), realizada en Jamaica, Chile, uno de los principales impulsores de una moratoria global a la minería submarina, modificó la agenda para incluir un debate sobre cómo deberían responder los Estados frente a un eventual intento de avanzar en esta industria sin normas internacionales vigentes.

La medida surge luego de que la empresa canadiense The Metals Company (TMC) anunciara que presentará una solicitud para explotar los fondos marinos en el segundo trimestre de 2025, al amparo de la Ley de Recursos Minerales Duros de las Profundidades Marinas de Estados Unidos.

El anuncio se produjo tras el rechazo a su propuesta dentro del marco multilateral de la ISA, lo que desató una ola de críticas por parte de organizaciones ambientalistas.

“La decisión de TMC es un flagrante intento de eludir el proceso multilateral global”, señaló en un comunicado la Deep Sea Conservation Coalition (DSCC), que calificó el movimiento como una amenaza directa al derecho internacional.

La coalición advirtió que esta acción busca presionar a la ISA para acelerar la aprobación de un código minero, aún en proceso de discusión.

Actualmente, las negociaciones sobre dicho Código de Minería siguen abiertas y enfrentan numerosas observaciones por parte de gobiernos, científicos y organizaciones sociales.

Según DSCC, el borrador es “defectuoso”, carece de salvaguardas ambientales y contiene múltiples vacíos normativos.

Por su parte, Greenpeace denunció que TMC intenta avanzar sin consenso global, lo que representaría una violación al derecho internacional consuetudinario y una señal preocupante para la gobernanza de los océanos.

“Es una maniobra desesperada y un insulto al multilateralismo”, declararon desde la organización.

TMC pretendía invocar la llamada “regla de los dos años”, que permite a las empresas presentar solicitudes de explotación minera aunque no existan regulaciones adoptadas.

Sin embargo, la presión internacional ha ido en aumento: 32 países han expresado su apoyo a una moratoria, pausa o prohibición, sumándose a voces de pueblos indígenas, científicos y pescadores.

Desde la DSCC subrayaron que una moratoria no solo protegería los ecosistemas marinos, sino también la legitimidad del sistema multilateral: “Los fondos marinos son patrimonio común de la humanidad. Su futuro debe ser decidido colectivamente, no por empresas que actúan al margen de las reglas”.