
Agua y glaciares: La postergacion de la protección a ecosistemas críticos y estratégicos
Las mayores y más permanentes formas de almacenamiento de agua dulce son los glaciares. Estos guardan el agua congelada por decenas y centenas de años, incluso por miles de años. Junto a las aguas subterráneas, y las almacenadas en glaciares blancos y glaciares de roca constituyen una reserva enorme e irremplazable de agua para muchas cuencas y sus ecosistemas, al mismo tiempo que son importantísimos reguladores del clima.
Sin el 10% de área glacial cubierta por hielos, la temperatura del planeta sería otra. Según el inventario de glaciares de la Dirección General de Aguas del 2022, Chile tiene 26.169 glaciares, cubriendo cerca de 21.000 km2 de superficie, 90% en el extremo sur.
En la cordillera de los Andes, con abundancia de montañas cuyas alturas superan los 5.000 metros sobre el nivel del mar, así como en el extremo sur, la presencia de glaciares junto a las acumulaciones anuales de nieves son una bendición fácilmente discernible a la distancia. En la zona central ya aprendimos que cordillera blanca es señal de un buen año, abundante en agua y de buena producción agrícola.
Y en años secos, con menos acumulación de nieve o largos periodos de sequía, nuevamente el agua almacenada en los glaciares se derrite y aporta entre el 40 al 70% del agua que recarga los acuíferos subterráneos, a la vez que nutren los caudales de importantes ríos y abastecen los ricos suelos de las zonas agrícolas más productivas del país.
Efectivamente, los glaciares deberían tener una denominación y protección como “reservas estratégicas de agua” del país, además de ser considerados bienes nacionales de uso público, (Ley N° 21.435, Reforma el Código de Aguas) dado que el agua potable, los alimentos, el desarrollo de industrias, generación eléctrica, minería, turismo y muchos otros servicios dependen directamente de la disponibilidad de agua.
Prácticamente no hay ningún componente del desarrollo económico (PIB) y social que no tenga un vínculo directo con la abundancia de agua. Además, el complejo sistema de flujo de información y procesamiento de datos requieren de ingentes cantidades de agua para enfriar los procesadores de los “data centers”, de los cuales dependemos cada día más.
Dada su importancia, y las amenazas que enfrentan, cabe preguntarse: ¿nuestra legislación les otorga a los glaciares una categoría de protección como reservas estratégicas de agua dulce para el país, asegurando su permanencia para esta y las generaciones futuras? La respuesta es un rotundo NO.
Nuestra legislación (Ley 19.300, art. 11 y en otros acápites) se limita a exigir un estudio de impacto ambiental que condiciona parcialmente ciertas actividades en el entorno glaciar y que a la larga terminan erosionando y alterando estos complejos ecosistemas, ya sometidos a la presión del cambio del clima, también gestado por las actividades humanas. La evidencia está a la vista en las cuencas altas de Coquimbo y otras regiones.
Esto está comprobado por innumerables estudios que señalan el retroceso generalizado de los glaciares en el mundo, en Chile, y especialmente en la zona central (Masiokas et al, 2020, IPCC, 2019). Y aunque la discusión de una Ley de protección de glaciares lleva más de 15 años, no ha habido ni voluntad política, ni comprensión efectiva sobre el rol crítico y estratégico que cumplen estos ecosistemas para el desarrollo social y económico actual y futuro del país. Tampoco hay una cultura del agua que mire más allá de la llave que abre, o compuerta que distribuye, el “agua nuestra de cada día”.
Todas y todos tenemos la responsabilidad de proteger las fuentes de agua, los glaciares y las cuencas. Y esta responsabilidad debe asumirse diferenciadamente, de acuerdo al volumen de agua que su actividad productiva y modo de vida requiere, es decir adoptar y medir la huella del agua, e invertir un porcentaje de sus ganancias en la restauración de las cuencas y las zonas aledañas a glaciares, ya se trate de la minería, el sector hidroeléctrico, forestal, agrícola, comercial, etc.
Los ciudadanos pagamos en Chile una cuenta del agua cada mes para cubrir los gastos de potabilizarla y tratarla, ¿por qué no los otros usuarios del 90% del agua que se extrae para distintos usos? Pretender que el ahorro en duchas o riego de jardines va a bajar la demanda de agua es fantasía.
Sabemos que la demanda actual es superior a la disponibilidad de agua y a los derechos de agua otorgados en muchas cuencas. Por lo tanto, la demanda hídrica debe ir acompañada de una responsabilidad hídrica, y la adopción de políticas efectivas de eficiencia y ahorro.
Luego de enfrentar la sequía más larga en nuestra historia patria, debemos hacernos la pregunta, y tomar acción, acerca de cómo proteger más efectivamente los glaciares, ríos y humedales, bases insustituibles de los ecosistemas que generan la vida, la abundancia y la riqueza actual y futura del país. Sin protección efectiva, los glaciares “se hacen agua” y nos exponemos más aún a un futuro incierto.
Las necesidades y demandas humanas de agua son solo una pequeña porción de los usuarios de agua que forman la extensa red de vida que sustenta todos los ecosistemas del planeta, y de la cual somos parte relevante e interesada. No posterguemos los glaciares ni las cuencas, que son las claves de la seguridad ecológica actual y futura.