El informe de auditoría N° 303/2024, elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), evidencia graves deficiencias en la gestión financiera del Ejército de Chile, en particular respecto del control y recuperación de pagos en exceso de remuneraciones.

De acuerdo con el documento, al 31 de diciembre de 2023, la institución mantenía un total de 7.342 deudores por pagos indebidos, acumulando un monto de $7.185 millones, de los cuales 4.530 casos no habían realizado ningún tipo de reintegro. Estas irregularidades han persistido desde el año 2004 sin que se implementaran mecanismos efectivos de corrección.

Uno de los principales problemas identificados por la auditoría radica en la falta de actualización de los procedimientos internos para gestionar la devolución de estos montos. Esta ineficiencia administrativa ha permitido que las anomalías se perpetúen por décadas sin una solución concreta.

En este sentido, se señala que la Sección de Reintegros del Ejército, encargada de la recuperación de los recursos, ha demostrado una deficiente capacidad de seguimiento, omitiendo en múltiples casos la notificación a los afectados, lo que imposibilita el cobro efectivo.

Asimismo, uno de los hallazgos más alarmantes del informe es la persistencia de deudas a nombre de 131 personas fallecidas, cuyo monto asciende a más de $270 millones y US$8.660. Lo particularmente preocupante de este caso es que el Ejército solo detectó estas situaciones entre uno y cuatro años después de los fallecimientos, lo que revela una total ausencia de fiscalización y actualización de registros contables.

Adicionalmente, el informe expone que varios funcionarios con deudas por un total de $113 millones optaron por la modalidad de "Descuento de Remuneraciones" para efectuar los reintegros, sin embargo, el Ejército nunca concretó dichos descuentos, generando una falta de pago sistemática.

Además, se identificó que ciertos deudores que recibieron facilidades de pago ni siquiera figuraban en los registros contables, a pesar de estar en proceso de devolución, lo que da cuenta de una inconsistencia estructural en la administración de los fondos.

El conjunto de estas irregularidades constituye una transgresión a principios esenciales de eficiencia y control establecidos en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (18.575) y en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas (DFL 1 de 1997).

Otro aspecto crítico del informe es la identificación de posibles conflictos de interés dentro del área financiera del Ejército. Un caso particular involucra a dos oficiales de alto rango, con vínculo de afinidad en primer grado (cónyuges), quienes gestionaban en conjunto diversas cuentas corrientes de la institución. Esta situación no solo plantea interrogantes sobre la imparcialidad en la administración de fondos públicos, sino que también evidencia un preocupante vacío en los mecanismos de control interno.

Asimismo, la auditoría reveló que el Ejército omitió el registro contable de deudores por un total de $2.312 millones, impidiendo una administración financiera transparente y efectiva. Estas omisiones contables dificultan la rendición de cuentas y vulneran los principios de probidad y responsabilidad fiscal.

Ante las observaciones realizadas por la Contraloría, el Ejército afirmó haber implementado un plan para mejorar la gestión de cobro y reducir la generación de pagos indebidos. Sin embargo, la CGR concluyó que, hasta el cierre de la investigación, las medidas adoptadas no habían sido efectivas para corregir las falencias detectadas.

Se constató, también, que en 2023 la institución aplicó descuentos automáticos a funcionarios sin la debida autorización de la CGR, alcanzando un monto de $952 millones. Esta práctica constituye una vulneración al artículo 67 de la Ley 10.336, lo que podría derivar en sanciones administrativas y judiciales.

Frente a estas irregularidades, la Contraloría ha ordenado la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas y evaluar la posibilidad de iniciar juicios de cuentas que permitan la recuperación de los montos adeudados. Además, exigió al Ejército la presentación de un plan de regularización concreto, en un plazo de 60 días hábiles.

Finalmente, el informe de la CGR expone un patrón de deficiencias estructurales en la administración de los recursos públicos por parte de la institución castrense, caracterizado por la falta de controles efectivos, omisiones en la actualización de registros y una ineficaz gestión de cobro.

Estas falencias no solo representan un perjuicio patrimonial para el Estado, sino que también ponen en entredicho la capacidad del Ejército para gestionar sus recursos de manera eficiente y transparente. En este sentido, la necesidad de implementar reformas profundas en los mecanismos de control y fiscalización resulta imperativa para evitar la repetición de estas irregularidades y garantizar el uso responsable de los recursos públicos.