Vertederos y tratamiento de agua: Los proyectos que podrían aprobarse sin revisión de autoridad sanitaria con ley de permisos sectoriales
A punto de ser ley, el proyecto que acelera la entrega de permisos sectoriales para proyectos de inversión ha sido tildado por organizaciones o incluso por parlamentarios del oficialismo como una regresión ambiental, mientras que el gobierno defiende que la iniciativa mantiene los estándares de protección además de acelerar los trámites.
Pero los efectos concretos de este cambio regulatorio aún se están estudiando. Un nuevo análisis de la fundación Chile Sustentable detecta que la ley modifica el Código Sanitario sustituyendo permisos por declaraciones juradas para proyectos que tienen alcances en salud.
Así, instalaciones como plantas de tratamiento de aguas servidas y de residuos industriales, vertederos, frigoríficos, mataderos, plantas de procesamiento de alimentos o clínicas podrán aprobarse a través de declaraciones juradas, sin que una autoridad sanitaria revise los proyectos.
¿Declaraciones juradas?
Se trata de una de las técnicas habilitantes alternativas que la ley introduce para reemplazar los permisos entregados por autoridades. En el caso de las declaraciones juradas, la empresa declara oficialmente que su proyecto cumple con los estándares en este caso sanitarios, sin que una autoridad sanitaria deba revisar y certificar si lo que declara la empresa es efectivo o no.
En el caso de los artículos que modifican el Código Sanitario, se precisa que, en la declaración jurada, el titular del proyecto debe dar cuenta de que su proyecto cumple con la normativa sanitaria que le sea aplicable, debiendo sujetarse a esta declaración al ejecutar el proyecto.
Si se aprueba la ley de permisos sectoriales, un reglamento deberá dictar en detalle el contenido que deberá tener cada declaración, así como el tamaño y envergadura de los proyectos que podrán usar declaración jurada en vez de permiso. Según se ha prometido desde el gobierno, las declaraciones juradas solo regirán para proyectos con impacto meno, lo que deberá establecerse en el reglamento que quedará a interpretación de cada servicio y ministerio respectivo.
Tribunal Constitucional
Se espera que el próximo martes 15 de julio el Tribunal Constitucional anuncie si acoge a trámite el requerimiento de inconstitucionalidad ingresado por más de 40 diputados y diputadas del oficialismo contra este proyecto.
Sostienen que el proyecto transgrede garantías constitucionales como el derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. También declaran que algunas enmiendas contravienen tratados internacionales firmados por Chile como el Convenio 169 de la OIT que establece la consulta indígena.
