En las pocas áreas naturales que quedan en los límites de la Región Metropolitana se ha librado por años una disputa legal donde inmobiliarias y municipalidades presionan para poder construir viviendas y proyectos, cambiando el uso de suelo.

Ahora, un nuevo fallo de la justicia anuló un dictamen de Contraloría que prohibía construir en esas zonas, identificadas en el Plan Regulador Metropolitano (PRMS) como Áreas de Preservación Ecológica (APE). Así, se reabre la puerta para decenas de proyectos de loteos y parcelaciones que habían quedado congelados en comunas como Colina, Pirque y lo Barnechea.

Aunque varios actores y empresas apelaron en contra del dictamen, fue la Municipalidad de Colina la que finalmente le ganó la pulseada a la Contraloría, logrando un fallo donde se declara la nulidad del derecho público emanado del dictamen, alegando que la Contraloría excedió sus atribuciones.

Desde la Municipalidad alegaban que se han entregado por años permisos de edificación en esas áreas, y que el dictamen dejó truncos varios proyectos ya en proceso.

El dictamen de Contraloría declaraba que la construcción de viviendas y proyectos en las APE contravenía la Ley General de Urbanismo en su artículo 55, y del PRMS, donde se especifica que estas áreas solo están habilitadas para usos científicos, culturales, educativos, recreacionales, deportivos y turísticos, con las instalaciones mínimas indispensables para su habilitación.

Viviendas o naturaleza

Este fallo es un nuevo episodio en la larga disputa legal entre distintos organismos públicos y presiones de privados con respecto a este tema, que también se ha librado en contra de proyectos inmobiliarios específicos en las distintas APE.

Es el caso del proyecto Chaguay en Lo Barnechea, que contempla 158 parcelas con al menos una casa en cada una, además de obras de equipamiento y urbanización. O el proyecto Hacienda Guay Guay en Colina, con 850 parcelas para vender y edificar.

En varios de estos casos, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó demandas ante la justicia alegando que las construcciones comenzaron generando un daño ambiental y en áreas no permitidas para ese tipo de desarrollo, contraviniendo la legislación vigente.

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y la Seremi del Ministerio de Vivienda también han iniciado sanciones o demandas en contra de algunos de estos proyectos inmobiliarios, varios de los cuales están ligados a familias como Longueira, Délano o Luksic.

La construcción de loteos en suelos rurales ya ha generado controversia en el país y esfuerzos estatales para regularla, ya que genera núcleos urbanos en zonas que no están preparadas para acogerlos, y donde se generan daños ambientales.

En las APE, se suma el hecho de que las áreas construidas han sido identificadas por autoridades y comunidades durante el proceso de creación del PRMS, como áreas de alto valor ecológico, y muchas de ellas resguardan flora y fauna críticamente amenazada por el crecimiento urbano, y fuentes de agua vitales para la región.