Con la pandemia y el teletrabajo, en los últimos años se vivió un boom en la solicitud de loteos de terrenos rurales para vender parcelas, y se crearon pequeños núcleos urbanos en zonas naturales sin infraestructura para sostenerlos, valiéndose del vacío en la legislación.

La problemática generó una puja legal entre el Ministerio de Agricultura, que aprobó nuevas circulares y normativas para regular este desarrollo, y las inmobiliarias que impugnaron esas decisiones ante la justicia.

Ahora parecería que las nuevas normas lograron revertir la tendencia: Entre enero y agosto de este año se registró una caída de 30% en las solicitudes de loteos, con respecto al mismo período del año pasado.

Según datos del Servicio Agrícola Ganadero (SAG), si a fines de julio de 2022 se estaban tramitando 15 mil solicitudes de loteo para parcelas en suelos rurales, este año van 7 mil solicitudes. Si la tendencia a la baja continúa al mismo ritmo, se podría volver a los niveles previos a la pandemia.

Problemas de los loteos

Desde el Ministerio de Agricultura documentaron distintas situaciones que se han dado a raíz del boom de loteos en suelos rurales, identificando que en muchos casos las personas compran parcelas bajo la promesa de viviendas de buen estándar dentro de la ciudad, para encontrarse luego que las inmobiliarias no tienen permisos de edificación o no entregan servicios básicos para sostener la vida en el lugar.

Este problema de falta de servicios también genera un impacto ambiental debido a que las aguas servidas y la basura de las personas se acumulan de forma irregular dañando los ecosistemas.

Además, las intensas lluvias de los últimos dos años, que no se vivían desde el inicio de la mega sequía hace más de una década, dejaron en evidencia varios loteos construidos en zonas inundables, que quedaron bajo agua.

Por último se identifica que las parcelaciones están reduciendo la disponibilidad de suelos productivos en zonas rurales, por las dificultades en el rubro agrícola para pequeños y medianos campesinos que deciden vender sus terrenos.

Proyecto de ley

Para terminar con estas consecuencias, desde el Ministerio de Agricultura presentaron un proyecto de ley “para la protección del territorio y la vida rural”, donde se proponen medidas para “proteger a las personas de estafas o ventas irregulares de terrenos donde todavía no se puede construir ni contar con acceso al agua, luz, manejo de residuos domiciliarios y libre tránsito”.

El proyecto también busca reducir la pérdida de suelo agrícola que garantice la seguridad alimentaria, y el daño ambiental que tiene este tipo de crecimiento irregular. El texto, anunciado hace algunos meses, comenzó a tramitarse en la Cámara de Diputados el último día de julio.

Si se aprueba el proyecto, los loteos que abarquen más de 4 hectáreas de subdivisión o más de 6 lotes no serán considerados subdivisiones agrícolas sino “conjuntos residenciales rurales”, que serán regulados por el Ministerio de Vivienda y no por el de Agricultura.

En ellos, un porcentaje de la superficie deberá destinarse a área común, actividad agropecuaria y a conservar el bosque nativo. Además deberán cumplir requisitos sobre el acceso a servicios básicos como acceso al agua potable y a la gestión de residuos.

Según declaró el ministro Esteban Valenzuela en el Diario Financiero, en cada parcela podrá haber una sola vivienda familiar, y deberán tener cierre perimetral para impedir el merodeo libre de perros que pueden amenazar a la fauna silvestre colindante. Los loteos no podrán tener otra subdivisión como vecina.

Por último, el proyecto detallará los requisitos y las autorizaciones que entregan el Ministerio de Agricultura, el Servicio Agrícola Ganadero y la Dirección de Obras Municipales para este tipo de desarrollo, y fortalecerá la fiscalización y sanciones para quienes incumplan la normativa.