En los últimos años los chilenos y chilenas han exigido mayores derechos sociales para conseguir bienestar y un buen vivir. Sin embargo, lograrlo es cada vez más difícil en un mundo en crisis, donde el cambio climático evidencia las desigualdades socioeconómicas y precariza aún más la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas, quienes no son los principales responsables de estos efectos climáticos.

Además, es difícil conseguir esto en un mundo post-covid que cada vez es más incierto, y en el cual los estándares de vida de la mayoría disminuyen, mientras los súper ricos se vuelven más ricos.

Los datos científicos son claros: el cambio climático ya tiene efectos irreversibles y el 2024 fue el año más caluroso jamás registrado. A pesar de que la Tierra está en camino a ser invivible, gobiernos como el de EE.UU y Argentina recortan presupuestos y amplían permisos para extraer combustibles fósiles, boicoteando la respuesta global a la crisis.

Existen los recursos suficientes para mejorar nuestras vidas y enfrentar la crisis climática, pero las prioridades están mal enfocadas. En la última cumbre climática, los países en desarrollo pidieron ayuda para afrontar un problema que no generaron, sin embargo las grandes potencias ofrecieron poco, mientras ahora aumentan su gasto militar.

La militarización desvía recursos clave bajo la idea de protegerse ante una probabilidad de ataque. Sin embargo, es casi seguro afirmar que la Tierra seguirá calentándose, pero el financiamiento para enfrentar esta crisis es insuficiente, a la vez que las guerras agravan la crisis climática.

Chile se enfrenta a una encrucijada en sus próximas elecciones. Somos un país altamente vulnerable al cambio climático, y de no tomar medidas, el impacto económico se estima en 50 mil millones de dólares, equivalentes al 15% del PIB actual.

Sin embargo, en los últimos seis meses hemos visto intervencionismo electoral en Alemania, Romania y EE.UU para promocionar a líderes que niegan el cambio climático. En Chile, algunos candidatos manipulan el debate energético, afirmando falsamente que la energía solar es más cara que la fósil. En contextos de escasez y aumento de precios, el miedo y la desinformación fortalecen a la derecha populista, que explota la incertidumbre de la gente.

Nuestro país debe enfocarse en la adaptación al cambio climático. Esto significa cambiar nuestra forma de vivir, construir y planificar para hacer frente a fenómenos climáticos como inundaciones, sequías, olas de calor y el aumento del nivel del mar.

Priorizar la adaptación no solo es una necesidad climática, sino también una estrategia económica para evitar el aumento de costos, generando un beneficio económico neto al reducir los impactos negativos del cambio climático.

Argentina ya optó por alinearse con EE.UU. y no prepararse ante desastres climáticos como las recientes inundaciones en Bahía Blanca, que costaron más de 800 millones de dólares. A esto se suma la negligencia empresarial, como lo ocurrido en el río Sarandí, que se tiñó de rojo en febrero.

Chile debe decidir si seguirá una ruta similar o si enfrentará la crisis con políticas de adaptación serias. Este es nuestro futuro si elegimos líderes que no entienden la emergencia climática o que profundizarán el mito de la "permisología".

Pero no se trata sólo de exigir a candidatos para los cargos de Presidente y parlamentarios que consideren el tema. Autoridades territoriales electas, como alcaldes, tienen mucho que hacer también.

En Chile, la Ley de Cambio Climático mandata a cada municipio prepararse con planes para enfrentar desastres climáticos, pero son pocos los que han cumplido, a pesar de las multas que la ley impone en caso de incumplimiento, y para pesar de sus territorios y comunidades.

No hay nada “radical” en la idea de querer vivir en un país y un planeta habitable. Frente a las próximas elecciones, el verdadero debate no es sólo entre populismo y burocracia, sino sobre quién puede garantizar un Estado efectivo y eficiente, que priorice la adaptación climática.

Necesitamos líderes que entiendan que proteger a la ciudadanía del cambio climático es, también, una cuestión de soberanía, economía y seguridad. Esto es más importante que nunca en un mundo con un clima planetario y geopolítico cada vez más hostil.