La Defensoría de la Niñez ha alzado la voz ante el proyecto de ley que busca modificar la ley N°20.084 sobre la responsabilidad penal de los adolescentes. Este proyecto, actualmente en trámite en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, propone endurecer las penas para jóvenes entre 14 y 16 años que cometan ciertos delitos graves.

Sin embargo, para la institución esta medida afectaría directamente en las posibilidades la reinserción social de estos adolescentes, lo que a su vez dificultaría la tarea del Sistema de Justicia Juvenil de concretar este objetivo.

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, advirtió que el proyecto de ley, que busca "fortalecer la respuesta sancionatoria frente a conductas consideradas de especial gravedad", resultaría en retrocesos en los derechos de los adolescentes y no contribuiría efectivamente a prevenir la comisión de delitos.

"Este proyecto no es oportuno ni beneficioso, al introducir nuevas modificaciones al Sistema de Justicia Juvenil, que desde el 2023 se está implementando gradualmente en todas las regiones del país", señaló Quesille.

Además, el Defensor hizo hincapié en que la propuesta legislativa ignora la importancia de los mecanismos establecidos para la reinserción social, creados con el nuevo organismo que reemplazó al Sename: el Servicio de Reinserción Social Juvenil.

Pese a que este servicio fue tramitado y discutido por más de siete años en el Congreso, estableciendo mecanismos para evaluarlo, el meollo del asunto es que este proyecto de ley no respetaría dichos esto.

El problema raíz

El Defensor también expresó su preocupación por la falta de un enfoque a largo plazo y la ausencia de una visión integral sobre la complejidad del fenómeno de la delincuencia juvenil.

"Este proyecto no está mirando la evidencia que muestra que el problema porque no es solo la cantidad de delitos cometidos por adolescentes, sino que también el cambio en los delitos que se cometen", subrayó.

Asimismo, destacó que el endurecimiento de penas no es la solución para un fenómeno que involucra factores estructurales más profundos, como el crimen organizado y la explotación.

A través de datos analizados por su Observatorio de Derechos, la Defensoría de la Niñez ha constatado que un alto porcentaje de los adolescentes ingresados al sistema de responsabilidad penal juvenil tienen antecedentes en el sistema de protección.

"Al año 2020, el 61% de los adolescentes ingresados a responsabilidad penal adolescente tuvieron algún egreso previo en el sistema de protección". Además, subrayó que el 83% de los adolescentes que tuvieron internación provisoria en 2023 recibieron un tipo de sanción no privativa de libertad.

Penas duras no disminuyen delitos

Finalmente, la Defensoría de la Niñez alertó que no existe evidencia de que el endurecimiento de las sanciones tenga un efecto disuasivo en la comisión de delitos.

Según estudios internacionales, los jóvenes con motivación para delinquir no toman en cuenta las penalidades futuras, ya que estas son percibidas como distantes o improbables.

En línea con esto, el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General 24 señala que la adolescencia es una etapa de desarrollo caracterizada por la inmadurez cerebral, lo que afecta la toma de decisiones y el control de impulsos.

El llamado al Congreso

Por todo lo anterior, la Defensoría de la Niñez hizo un llamado al Congreso a reconsiderar el enfoque del proyecto y centrarse en la prevención del delito y en la reinserción social de los adolescentes, con base en la evidencia científica y el respeto a los derechos humanos.

En ese sentido, es crucial que los programas orientados a la prevención del delito y la reinserción social sean capaces de abordar los nuevos desafíos, como el crimen organizado que explota a menores, y que se considere el impacto de las trayectorias de vida de estos jóvenes, marcadas por la violencia y la vulneración de derechos.