Obras viales post emergencias otra vez cuestionadas: Ahora por desborde del Mataquito que dejó 1.400 casas damnificadas
La reconstrucción en la cuenca del río Mataquito tras los temporales de 2023 estuvo marcada por irregularidades que afectaron a contratistas y generaron retrasos significativos en la ejecución de las obras.
Un informe de la Contraloría Regional del Maule evidenció problemas en la gestión de los contratos de emergencia, la fiscalización de los trabajos y el cumplimiento de las normativas de calidad.
En agosto de 2023, el desborde del río Mataquito, en la Región del Maule, causó estragos en la zona, dejando más de 3.000 personas afectadas y 1.400 hogares damnificados.
Además de las viviendas, la crecida destruyó caminos y puentes, lo que llevó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a implementar un plan de emergencia para restablecer la conectividad.
Sin embargo, el proceso de reconstrucción estuvo marcado por demoras administrativas y problemas en la ejecución de los trabajos, según constató la auditoría realizada por la Contraloría.
El informe, que analizó seis contratos adjudicados mediante trato directo, reveló que la Dirección de Vialidad del Maule incurrió en retrasos en la regularización de los contratos, lo que impidió realizar pagos a los contratistas conforme al avance de las obras.
Esto generó un impacto financiero en las empresas a cargo y afectó el desarrollo de los proyectos.
En algunos casos, la tramitación de los contratos se realizó cuando las obras ya estaban finalizadas o con un 80% de avance.
Atrasos de hasta 35 días
Además, la Contraloría detectó atrasos de hasta 35 días en la entrega de los terrenos donde debían ejecutarse las obras.
Esta demora, sumada a una lentitud sostenida en la ejecución de los trabajos, provocó que el avance real de los proyectos estuviera un 23,86% por debajo de lo programado a julio de 2024.
Pese a estos problemas, no se encontraron registros de medidas de control adoptadas por la autoridad para corregir los atrasos y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos en los contratos.
Otro aspecto que llamó la atención de la auditoría fue la deficiente fiscalización de los inspectores responsables de los contratos.
Según el informe, hubo incumplimientos reiterados en la supervisión de las obras, especialmente en lo que respecta a la entrega y revisión de documentos clave como el Plan de Manejo Integral y los Programas de Prevención de Riesgos.
En muchos casos, estos documentos fueron presentados con retraso respecto a los plazos establecidos.
Asimismo, se constató que varias obras se llevaron a cabo sin la aprobación formal y oportuna del Plan de Calidad del Contrato por parte del respectivo inspector fiscal, lo que contraviene las Bases de Gestión de la Calidad para Contratos de Obras Públicas.
En el caso de la empresa Constructora Lemacs Spa., se identificó que realizó al menos 415 viajes para trasladar material desde la cantera hasta la faena sin contar con la documentación correspondiente, como guías de despacho, boletas o facturas.
Esta irregularidad contraviene la normativa vigente y evidencia falencias en el control administrativo de los proyectos.
Frente a estas observaciones, la Contraloría instruyó a la Dirección de Vialidad del MOP la realización de un sumario administrativo para esclarecer eventuales responsabilidades.
Además, el organismo exigió la implementación de medidas para fortalecer los procedimientos de control interno, incluyendo la elaboración de un protocolo de gestión anticipada para contrataciones en emergencias y la mejora de los sistemas de fiscalización en terreno.
Cuestionamientos también exponen a Viña del Mar
La destitución de Rodrigo Uribe como director regional del SERVIU en Valparaíso se da en un contexto de fuertes cuestionamientos a su gestión, especialmente por la falta de avances en la reconstrucción de viviendas tras el incendio urbano-forestal de febrero de 2024.
A casi un año del desastre, miles de familias siguen sin recibir una solución habitacional definitiva, lo que ha generado un creciente malestar entre los damnificados y diversas organizaciones sociales.
El incendio, considerado el más grande en la historia de Chile, destruyó cerca de 15.500 viviendas y dejó a miles de personas sin hogar.
La respuesta del Gobierno en materia de reconstrucción ha sido objeto de críticas, con denuncias de demoras en los procesos administrativos y falta de claridad en los plazos de entrega.
En este escenario, la gestión de Uribe quedó en la mira debido a los retrasos en la implementación de soluciones definitivas y la ausencia de medidas concretas para agilizar la reconstrucción.
Desde distintos sectores políticos y sociales se había exigido una mayor celeridad en el proceso, argumentando que las familias afectadas no podían seguir esperando indefinidamente por la reposición de sus hogares.
La presión aumentó en los últimos meses, con reiteradas críticas a la falta de coordinación entre el SERVIU y otras instituciones encargadas de la reconstrucción.
Ante esta situación, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo decidió remover a Uribe y designar en su reemplazo, de manera subrogante, a Nerina Paz, quien hasta ahora se desempeñaba como jefa del Departamento de Planes y Programas de la Seremi de Vivienda de la región.
