Abogada fue funada por "ladrona y estafadora" a través de X y Facebook: Con fallo logró que se eliminaran posteos
Una abogada fue víctima de una serie de publicaciones en redes sociales donde la llamaban “ladrona” y “estafadora”.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, estas acusaciones comenzaron después de que algunos de sus clientes expresaran su descontento con el trabajo que le habían encargado.
La profesional había sido contratada para gestionar una posesión efectiva y un juicio de partición. Sin embargo, con el paso de los meses, la relación con sus clientes se deterioró y comenzaron a circular mensajes en redes sociales donde la insultaban y la acusaban de haberles robado dinero.
La situación se volvió más grave cuando estas publicaciones empezaron a replicarse en distintos espacios, afectando su reputación tanto en el ámbito profesional como en el político.
Ante esto, la abogada presentó un recurso de protección, solicitando que se eliminaran los mensajes y que se prohibiera seguir difundiendo acusaciones en su contra.
Argumentó que los comentarios en su contra no solo dañaban su imagen, sino que también ponían en riesgo su trabajo y su vida personal.
En un primer fallo, la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó su solicitud, señalando que no se podía confirmar con certeza quién había hecho las publicaciones y que, si había un problema sobre el trabajo realizado, debía resolverse por otras vías.
No obstante, la Corte Suprema revisó el caso y tomó una decisión diferente.
El máximo tribunal determinó que los mensajes publicados en redes sociales iban más allá de una simple queja y afectaban directamente el derecho de la abogada a mantener su honra y reputación.
En su fallo, la Corte explicó que la libertad de expresión es un derecho importante, pero no permite que una persona haga acusaciones públicas sin pruebas que dañen a otra.
Como resultado, la Corte Suprema ordenó eliminar todas las publicaciones que contenían insultos y acusaciones contra la abogada.
También aclaró que, si los clientes tenían una queja legítima sobre su trabajo, podían recurrir a las instancias legales correspondientes, pero no exponerla públicamente con calificativos ofensivos.
La decisión no fue unánime. Un ministro votó en contra, argumentando que eliminar las publicaciones podía interpretarse como censura y que la afectada tenía otras vías legales para defenderse, como una denuncia por injurias o calumnias.
