Neumamérica: Un nuevo y millonario escándalo en el Ejército de Chile

La reciente resolución de la ministra en visita de la Corte Marcial, Ana María Osorio Astorga, en la arista “Neumamérica” del denominado caso fraude en el Ejército, no constituye un episodio aislado ni una anomalía administrativa, es, más bien, una nueva confirmación de una patología estructural que atraviesa a una institución que durante décadas ha reclamado para sí un estatus moral superior al de la sociedad civil.

El procesamiento de Rodrigo Urrutia Oyarzún, María Cecilia Soria Solórzano y Sergio Bulnes Barba, todos militares en retiro, como autores de fraude al Fisco, por un perjuicio total de $49.321.039, equivalente a 1080,819 UTM al valor de la época de pago de las facturas, revela una lógica que Hannah Arendt habría reconocido sin dificultad.

La normalización del abuso cuando el poder se ejerce sin contrapesos reales. No se trata aquí de un simple error contable, sino de una conducta deliberada, agravada por el uso de documentación espuria, lo que motivó además su procesamiento por falsedad militar.

Que la ministra Osorio haya decretado mandamiento de embargo por $55.000.000 respecto de cada uno de los procesados, y que los tres hayan quedado en prisión preventiva, habla no solo de la gravedad penal de los hechos, sino también del deterioro simbólico de una institución que históricamente se ha escudado en el honor, la disciplina y el sacrificio para exigir obediencia social y blindaje político.

El Ejército y la vieja ficción del honor

Como advertía Pierre Bourdieu, las instituciones no solo administran recursos materiales, sino también capital simbólico. El Ejército ha vivido durante décadas de ese capital, la narrativa del “garante de la patria”, del cuerpo austero y abnegado, del custodio de la nación frente a la amenaza externa e interna.

Pero cuando ese capital simbólico se utiliza como cobertura para el saqueo sistemático de recursos públicos, lo que emerge es lo que Michel Foucault llamaría una tecnología del poder opaca, donde la jerarquía protege al delito y el secreto militar funciona como coartada moral.

El fraude no es solo monetario; es, sobre todo, institucional y ético. Cada peso defraudado se suma a una larga lista de recursos desviados en un país donde a los civiles se les exige austeridad, sacrificio y probidad, mientras una parte del estamento castrense ha operado bajo reglas propias, indulgentes y autorreferentes.

Como diría Max Weber, cuando la ética de la responsabilidad es reemplazada por una ética corporativa cerrada, el resultado es la impunidad racionalizada.

El balance de la investigación: cifras que desnudan una cultura

Desde que Ana María Osorio Astorga asumió la investigación en septiembre de 2023, el balance es tan elocuente como devastador:

Nueve autos de procesamiento en nueve aristas por los delitos de fraude al Fisco, falsedad militar y falsedad en materia de administración militar, en contra de 15 militares.

Once acusaciones en diez aristas por delitos que incluyen malversación de caudales públicos, falsedad en documentos públicos, cohecho pasivo agravado, falsedad documental militar, falsedad en materia de administración militar, fraude al Fisco e incremento patrimonial relevante, en contra de 44 militares.

En seis de esas acusaciones, ya se han dictado sentencias definitivas por cohecho pasivo agravado, falsedad documental militar, falsedad en materia de administración militar y fraude al Fisco, afectando a 10 militares.

Estas cifras no describen una desviación marginal; describen una cultura institucional. Como advertía Norberto Bobbio, cuando quienes detentan el monopolio de la fuerza violan sistemáticamente la legalidad, el Estado de Derecho deja de ser una garantía y se convierte en una retórica vacía.

Quizás lo más grave no sea el fraude mismo, sino el silencio persistente de la institución. Un silencio que recuerda aquello que Karl Jaspers denominaba “culpa colectiva por omisión”: no todos delinquen, pero muchos callan, encubren o miran hacia otro lado. Y ese silencio, en una institución armada, no es neutral; es funcional al delito.

Conclusión

Defraudar al Fisco no es un delito más cuando se hace desde una institución armada. Es, en palabras de Simone Weil, una forma de profanación, es decir, convertir aquello que debía ser servicio en privilegio, y aquello que debía ser deber en renta.

El caso “Neumamérica”, con Rodrigo Urrutia Oyarzún, María Cecilia Soria Solórzano y Sergio Bulnes Barba hoy en prisión preventiva, no debería cerrarse como una noticia policial más. Debería abrir una discusión de fondo sobre el rol del Ejército en democracia, sus sistemas de control, su cultura interna y, sobre todo, sobre el mito persistente de su superioridad moral, porque cuando el uniforme se usa para esquilmar, no solo se traiciona al Estado, se traiciona también a la sociedad entera.