En 2021, un buzo de la empresa Premar que realizaba labores de limpieza en la sala de bombas de una planta desaladora de Mejillones, falleció en un accidente laboral. La empresa demandó a los dueños y contratistas de la desaladora que abastece a la minera Spence de BHP, destapando una trama judicial que se extiende hasta ahora, y por la que están citados a audiencia el alcalde Marcelino Carvajal y otros concejales de la comuna ante el Juzgado de Letras de Mejillones.

Además de la demanda por daños tras el accidente laboral, el caso develó irregularidades en la construcción de la sala de bombas de la desaladora, que según declaraciones de las autoridades locales competentes, se construyó sin permisos y en un terreno fiscal de uso público en la playa.

El 20 de noviembre de 2024, la Municipalidad de Mejillones emitió una orden de demolición para el edificio que debía ejecutarse en un plazo de 90 días corridos. Vencido el plazo el 19 de febrero, el edificio sigue en pie y operando, según declaran desde la empresa Premar.

La construcción en cuestión, según una nueva acción judicial interpuesta por Premar, tiene el tamaño equivalente a un edificio de cinco pisos y 30 departamentos, en un área identificada por el Plan Regulador Comunal como “Zona ZE1- Espacios Públicos de Playa”, que estaría destinada exclusivamente para usos turísticos y de recreación.

Además, Premar acusa a la empresa Caitan, que opera la desaladora, de “encubrir la edificación mediante un terraplén artificial, dificultando su visibilidad”, e interviniendo aún más la zona de playa. El documento adjunta fotografías que muestran el edificio bajo el terraplén.

Según las fotografías y planos del lugar, la estructura tiene 17 metros de alto y 21 de ancho, y solo 7% de la edificación está visible, mientras que el otro 93% está enterrado bajo el terraplén.

Alcalde y minera

Tanto desde la Dirección de Obras Municipales como desde la Secretaría Regional de Bienes Nacionales, han declarado en procesos legales que esta edificación no tenía permiso de edificación ni de recepción, y que estaba ocupando ilegalmente un terreno fiscal.

En noviembre de 2024, la Municipalidad de Mejillones emitió una orden de demolición para la sala de bombeo en cuestión, que aún no se ha cursado debido a que el caso está judicializado.

Este hecho generó una serie de declaraciones cruzadas en noviembre entre el alcalde y los ejecutivos de la minera Spence de la gigante australiana BHP, que se abastece del agua de la desaladora operada por Caitan.

En una columna de opinión en el medio Timeline.cl, el presidente de Pampa Norte BHP, Cristian Sandoval, criticó la falta de disposición al diálogo de la autoridad municipal, advirtiendo que la paralización de la planta afectaría directamente a 2300 familias de Antofagasta debido a la pérdida de trabajos, ya que la minera no podría operar.

El alcalde respondió ante el mismo medio de comunicación, que la acción de ordenar la demolición es la que corresponde por ley y fue tomada tras una exhaustiva revisión de los antecedentes del caso. Además, declaró que las acciones se toman luego de dos fiscalizaciones y de que la empresa reclamara contra una multa que se le impuso por cerca de $5 millones. 

El alcalde declaró que, de acuerdo a los hallazgos del proceso judicial, la empresa habría incumplido su permiso ambiental al construir una edificación tres veces mayor que la aprobada. “Ellos se pasaron de listos. Algunas industrias se han acostumbrado a hacer lo que quieran y después en el camino tenemos que regularizar”, criticó el alcalde.

Arista judicial

En la justicia se están tramitando diversas causas por este caso y por el fallecimiento del buzo. Una de ellas es una acción popular en la que Premar busca el cese de operaciones y demolición de la sala de bombas, y la condena de la empresa Caitan a pagar el equivalente a entre el 10% y el 30% del costo de demolición.

Desde Premar declaran que la causa ha desatado un intenso lobby por parte de BHP, con representantes de la empresa que se han reunido en varias ocasiones con el Director de Obras Municipal y el alcalde de Mejillones.

Para Carlos Bonilla, ex procurador del CDE y ex candidato a consejero regional por Antofagasta, la construcción del edificio es irregular e inaceptable. “El resultado más probable es que Spence, que invirtió muchos millones en la desaladora, le va a exigir a la empresa Caitan que demuela y vuelva a construir el edificio en la zona contigua a la planta”.

Además, sostiene que se ha barajado ante el alcalde la posibilidad de que parte del agua desalada para la minera pueda abastecer de suministro potable a la comuna.