El 8 de marzo no sólo destaca los logros alcanzados por las mujeres a lo largo de la historia, sino que también visibiliza las brechas y desigualdades que persisten en Chile, como en muchos otros países.

Este día se ha convertido en un espacio para exigir justicia social, igualdad de género y el fin de la violencia hacia las mujeres, pero también para reflexionar sobre la realidad de las políticas de género en el país, la que sigue siendo compleja, marcada por algunos avances, pero también por desafíos que parecen no tener fin.

En los últimos años las políticas de género en Chile han dado pasos significativos impulsados principalmente por movimientos sociales y la presión de las mujeres en las calles. Uno de los hitos más significativos fue la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en 2016.

Posteriormente entro en vigencia la Ley 21.200 de Paridad de Género, promulgada en 2020, siendo uno de los logros más destacados, pues garantiza que las mujeres tengan una participación equitativa en los espacios de toma de decisiones, como el Congreso Nacional y las convenciones constituyente; y también la Ley Integral de Violencia de Género  21.675 (tema central en la agenda de género) que  regula medidas de prevención, protección, atención, reparación y de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en razón de su género entre otras. 

El espejismo

Sin embargo, al analizar la implementación de estas políticas, surgen interrogantes. A pesar de la existencia de una ley de paridad las mujeres siguen enfrentando múltiples obstáculos.

El machismo institucional, la discriminación estructural y los estereotipos de género continúan influyendo en su participación y liderazgo en diversas áreas, incluyendo la política, el ámbito laboral y el académico. Las mujeres no solo luchan por acceder a estos espacios, sino que también por mantenerse en ellos, y ser reconocidas de manera justa.

Por otro lado, las violencias hacia las mujeres siguen manifestándose más allá de las leyes existentes, tanto así que en 2023 Chile registró más de 40 femicidios, lo que evidencia la urgencia de una intervención más profunda en la prevención de la violencia y la educación en derechos humanos. La respuesta del sistema judicial sigue siendo insuficiente ante la magnitud de la violencia machista y, en muchas ocasiones, las denuncias quedan en la impunidad.

Otro desafío importante es la brecha salarial de género, que se mantiene a pesar de los esfuerzos por lograr la igualdad en el ámbito laboral. Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo de 2023, las mujeres ganan en promedio un 22% menos que los hombres. A pesar de las leyes que promueven la igualdad salarial la brecha persiste, debido -en parte- a la segregación ocupacional, donde las mujeres siguen concentradas en sectores con menor remuneración y prestigio.

Esta brecha no solo es un reflejo de la discriminación histórica, sino también de la sobrecarga que enfrentan las mujeres en términos de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, un aspecto clave que sigue sin ser valorado en las políticas laborales, pese al gran esfuerzo que la Ministra ha puesto en ello, incluyendo diversas propuestas que se están desarrollando.

La desigualdad en el acceso a la salud sexual y reproductiva es otro tema crucial. Si bien el aborto en casos de inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre o violación es legal en Chile desde 2017, el acceso a servicios de salud sigue siendo desigual, especialmente en regiones rurales o más conservadoras.

Las mujeres que no cuentan con los recursos necesarios y  enfrentan barreras para acceder a la atención que necesitan, por lo que muchas veces se ven obligadas a recurrir a prácticas inseguras o a desplazarse largas distancias, lo que agrava aún más las condiciones de vulnerabilidad.

La deuda

Las mujeres continuamos luchando por una sociedad más justa, equitativa y libre de violencia. Si bien las leyes y las políticas públicas han mejorado, la verdadera transformación sólo ocurrirá cuando se produzcan cambios estructurales profundos, acompañados de una educación que fomente la igualdad de género desde la infancia, y cuando las instituciones públicas y privadas se comprometan realmente con el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres.

La lucha no se detiene el 8 de marzo, es un compromiso que debe extenderse a lo largo de todo el año. La clave está en que todas las voces, todas las mujeres, sean escuchadas. Solo así será posible avanzar hacia una verdadera igualdad de género en Chile.