La Contraloría debe tomar el toro por las astas
Desde hace mucho tiempo estamos denunciando el incumplimiento de la seguridad contra incendios en edificios públicos en Chile y, por ende, la falta de servicio de los organismos del Estado que han demostrado su incompetencia o bien su flojera, lo cual significa que estamos ante hechos alarmantes.
En tal sentido la Dirección de Arquitectura (DA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha mostrado una preocupante falta de interés en resolver la situación con el resultado de que existen numerosas edificaciones que no cumplen con la normativa vigente, poniendo en riesgo la vida de los usuarios.
Según nuestros informantes, en mayo de 2024, la DA del MOP reconoció, a través de su ordinario N° 460, que enfrentaba problemas con las pinturas intumescentes, esenciales para garantizar la resistencia al fuego. Sin embargo, aunque se identificaron a los revisores independientes de arquitectura y otros profesionales como culpables, diez meses después, no se ha enviado la información necesaria a las Seremis del MINVU, para que estos servicios tomaran las acciones correspondientes contra esos responsables privados. Esta falta de acción es inaceptable, ya que nadie asume responsabilidades.
No podemos pasar por alto el caso del Estadio de San Antonio, por el cual ya hemos publicado columnas de opinión, sin ningún resultado. A pesar de que en 2022 se solicitó un informe por parte del director general de Obras Públicas, Boris Olguín, aún no se han realizado las reparaciones necesarias. Lo más inquietante es que, en 2024, se declararon más de 50 obras públicas con los mismos inconvenientes, lo que es demostrativo de la ineficiencia del MOP y de sus autoridades.
Es especialmente preocupante que, tras haberse identificado los problemas con las pinturas intumescentes desde 2022, el MOP todavía no haya aclarado cuál será el procedimiento y el instrumento que exigirá en los contratos anteriores a que estipulara como exigencia cumplir con la norma NCh3040, en su D05, que es el reglamento de la Dirección de Arquitectura, versión 3 de 2022.
Conforme a lo relatado, es necesario plantearle una inquietud adicional a la flamante ministra de OOPP, Jéssica López, pues en mis constantes viajes por el país, he observado que muchos aeropuertos tienen sus estructuras de acero a la vista, estando todas protegidas con pinturas intumescentes. ¿Se han revisado? Dada la situación en la DA del MOP, nos preguntamos qué ha hecho al respecto su Dirección General. Nos gustaría que realice una revisión exhaustiva.
Por otro lado, el ministro Montes, posiblemente por sus preocupaciones asociadas a la reconstrucción, tras el incendio de Valparaíso y por las tomas en diversos lugares del país, no ha tenido el tiempo suficiente para actualizar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) en materia de seguridad contra incendios. Esta tarea se declaró urgente en 2017, por parte del MINVU, y si la norma estuviera vigente, contaríamos con edificios seguros y viviendas resistentes, lo que habría reducido el número de damnificados en estas catástrofes, producto de incendios.
Así las cosas, le hago un necesario llamado a la Contraloría General de la República, de la cual este columnista es "cliente frecuente", para que intervenga en este luctuoso episodio, pues se debe investigar al MOP por los incumplimientos en las obras señaladas por su DA, que incumplen con la resistencia al fuego exigida por la OGUC, ni con la norma NCh935/1. La inacción, la falta de denuncia y la omisión de responsabilidades constituyen una falta de servicio que debe ser corregida a la brevedad.
Por lo tanto, insto al ente fiscalizador que le solicite al Ministro Montes aclarar el estado de la actualización urgente de la OGUC, en materia de seguridad contra incendios, pues es incomprensible que se sigan promulgando decretos mientras este asunto queda relegado a un segundo plano, causando problemas adicionales al MOP.
Confío en que la Contraloría, organismo público efectivamente competente y serio, corregirá los problemas planteados, ya que esto implica resguardar los dineros de todos los contribuyentes y garantizar la seguridad de la totalidad de los chilenos, lo que el Estado debe cumplir.
Finalmente, ya que estoy aludiendo a la Contraloría, me encuentro muy satisfecho con el contenido de su Oficio N° E33303/2025 del reciente 28 de febrero del año en curso, dirigido al alcalde de Iquique, Mauricio Soria, en donde se alude a los innumerables permisos de edificación ilegales para proyectos inmobiliarios previstos en áreas de riesgo de inundación.
Lo anterior, a la luz del requerimiento de la fundación Defendamos la Ciudad, en orden a que este asunto sea trasladado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público, para que se determine si el municipio, al cursar esos actos administrativos, tuvo interés en privilegiar a actores particulares, lo que se puede apreciar en este link.
