El 29 de abril de este año, hace poco más de una semana, más de 250 agricultores se enteraron de que IANSA —principal productor de azúcar nacional— dejará de comprar remolacha en Chile para la próxima cosecha, dejando cerca de siete mil hectáreas cultivadas sin un destino claro. Cabe señalar que los productores se fueron enterando gradualmente, en parte por la ausencia o retraso en la compra de insumos, lo que anticipaba un eventual recorte para la temporada venidera.
No obstante, bajo este escenario, se espera que la siembra de remolacha para la temporada 2026-2027 sea prácticamente nula. Este tipo de situaciones refleja cómo, cuando existe un solo poder comprador —o un número muy reducido—, el productor pierde capacidad de negociación, una de las distorsiones de mercado más difíciles de corregir sin intervención institucional.
De acuerdo con los resultados del VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, la producción de remolacha para uso industrial en Chile presenta una marcada concentración territorial en la zona centro-sur del país, destacando principalmente la región de Ñuble, seguida por Maule y Biobío. En este contexto, la agricultura de contratos —mecanismo por el cual los remolacheros abastecen a IANSA— puede ser una herramienta para establecer condiciones claras de comercialización y brindar apoyo técnico especializado.
Sin embargo, en Chile los contratos agrícolas se hacen, en su mayoría, sin un marco regulatorio adecuado. En consecuencia, se generan situaciones como las observadas esta semana: dependencia estructural, ausencia de garantías y el riesgo recae de forma desproporcionada sobre quienes menos herramientas tienen para enfrentarlo: los agricultores.
Algunos países ya han enfrentado este problema con herramientas concretas. En España, el Ministerio de Agricultura homologa los contratos agroalimentarios, otorgándoles validez jurídica frente a terceros. Las partes adaptan sus acuerdos dentro de ese marco, que exige condiciones mínimas y mecanismos de arbitraje ante controversias, y existen asociaciones interprofesionales que actúan como mediadoras y velan por su cumplimiento. Aquí, el objetivo no fue controlar el mercado, sino hacerlo funcional en contextos donde el poder de negociación está desbalanceado.
Chile carece de un marco regulatorio equivalente. La experiencia reciente muestra que no basta con promover la agricultura de contratos: también es necesario regularla. El caso de IANSA no es un evento aislado, sino una señal. Si la política pública no aborda estas fallas de mercado, el sector primario queda desprotegido frente a las dinámicas del sistema agroalimentario global.
