Las declaraciones en redes sociales de la senadora Fabiola Campillai sobre el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo terminaron en una disputa legal que llegó hasta la Corte Suprema.

Todo comenzó cuando Campillai publicó en X (antes Twitter) que Crespo era un "violador de derechos humanos" y criticó que la empresa de seguridad Ares Limitada, vinculada a su familia, recibiera pagos del Estado.

Además, en sus declaraciones recordó que Crespo está acusado de haber disparado la escopeta que dejó ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social.

Ante esto, Crespo presentó un recurso de protección argumentando que las publicaciones dañaban su imagen y su vida laboral, ya que él solo trabajaba en Ares Limitada y no era su dueño.

Además, alegó que no existía una sentencia en su contra por los hechos mencionados. Por su parte, Campillai defendió su postura, señalando que ejerció su derecho a la libertad de expresión y que sus declaraciones respondían a hechos de interés público.

En primera instancia, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso, considerando que las declaraciones de la senadora estaban dentro del marco de la libertad de expresión.

Sin embargo, la Corte Suprema revocó este fallo y ordenó que Campillai eliminara las publicaciones, argumentando que vulneraban el derecho a la honra de Crespo.

El tribunal destacó que “el derecho a la honra se encuentra consagrado también en el derecho al buen nombre, consistente en el concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales”.

Además, se estableció que “se difunden y/o publican en una red social afirmaciones que producen descrédito a su respecto, con la pretensión de modelar el concepto público que se tiene del individuo, sobre la base de la atribución de conductas, que constituyen ilícitos penales, y sobre los que no recae sentencia penal que declare la afectividad de la autoría que se le imputa”.