Una mujer de San Carlos, en la región de Ñuble, llevaba más de 40 años utilizando un camino que pasaba por la propiedad vecina para entrar y salir de su terreno.

Sin embargo y según se puede apreciar en el fallo judicial, en junio de 2024, uno de los herederos del dueño del terreno colindante decidió cerrar el acceso, destruyendo un puente de tubos que permitía el paso y cercando el lugar con alambre de púas.

Esto dejó a la propietaria sin forma de llegar a su predio, afectando su vida diaria y el trabajo en su tierra.

Ante esta situación, la mujer presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Chillán, pidiendo que se le permitiera seguir usando el camino.

Sin embargo, la corte rechazó su solicitud, señalando que este tipo de conflictos debían resolverse en un juicio más largo y detallado, donde se pudiera discutir si realmente existía una servidumbre de tránsito que le diera derecho a pasar por el terreno vecino.

La afectada llevó el caso a la Corte Suprema, que finalmente le dio la razón. El tribunal determinó que el vecino actuó de manera arbitraria al cerrar el acceso sin un fallo judicial que lo permitiera.

La Corte Suprema explicó que ninguna persona puede tomar decisiones por su cuenta y afectar a otros sin recurrir a la justicia.

En consecuencia, ordenó que se restableciera el acceso para que la mujer pudiera volver a entrar y salir de su terreno sin obstáculos.

El fallo contó con un voto en contra de un juez, quien argumentó que el dueño del terreno tenía derecho a cerrar su propiedad si no había una servidumbre formalmente establecida.

Sin embargo, la mayoría de los jueces concluyó que impedir el paso de esta manera afectó el derecho de la mujer sobre su propiedad y que la única forma legal de resolver este tipo de disputas es a través de la justicia, sin tomar medidas por cuenta propia.