Una mujer compró un departamento en 2018 en Macul, esperando recibir una vivienda en buenas condiciones, pero pronto descubrió que el inmueble tenía varios defectos en su construcción.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, entre los problemas detectados había muros desnivelados, fallas en el piso, puertas dañadas y filtraciones en el baño principal.
La situación le generó serios inconvenientes, ya que tuvo que insistir varias veces para que la inmobiliaria solucionara los desperfectos, sin obtener respuestas satisfactorias.
Finalmente, decidió presentar una demanda para exigir una indemnización por los daños materiales y el impacto emocional que esto le causó a ella y a su familia.
El caso fue revisado en un tribunal civil, que rechazó su demanda argumentando que la mujer no había entregado pruebas suficientes para justificar el dinero que pedía.
Luego, apeló ante la Corte de Apelaciones de Santiago, pero el resultado fue el mismo: el tribunal volvió a negar su solicitud. Como última opción, presentó un recurso ante la Corte Suprema.
Al revisar el caso, la Corte Suprema detectó que los tribunales anteriores no analizaron correctamente las pruebas, ya que se omitió la evaluación de un informe pericial que demostraba los defectos del departamento.
Por esta razón, decidió anular la sentencia anterior y dictar un nuevo fallo. La Corte ordenó que la inmobiliaria le pague a la demandante más de $13 millones por el costo de las reparaciones y $5 millones por el daño emocional que le causó esta situación.
También reafirmó que la empresa vendedora es la responsable de cualquier falla en la construcción, sin importar cómo se originaron.
