Junto a los factores externos presentes a nivel mundial, descritos en anterior columna sobre la pérdida de centralidad de la política (ver aquí), hay también factores internos, propios de la realidad de cada país, que inciden en este fenómeno.

En Chile, en primer lugar, la voluntad de la dictadura militar de que nada ni nadie pueda cambiar el entramado de poder instalado por la fuerza hace 45 años. En esencia, esta determinación de un sector social es negar la política democrática.

El análisis de quienes fueron los sostenedores civiles del régimen se sitúa en una crítica al Estado benefactor vigente hasta 1973, que tendría al país preso de la politiquería y la demagogia.

Para ellos lo que debía hacerse era disminuir en todos los planos el papel de este Estado benefactor, de modo que no constituya un actor económico directo y que a la vez sea despojado de su papel regulatorio, y hacer creer que los problemas de cada persona son individuales, que cada uno debe centrarse en sí mismo, negando así la acción colectiva y el conflicto social propio de cualquier comunidad organizada.

Así, todas las libertades civiles propias del liberalismo pasaron a estar subordinadas a la libertad económica, "la libertad primordial". En concreto, nada debía entorpecer el funcionamiento del mercado, y éste abarcaría -sin interferencias- todas las áreas de la sociedad, incluyendo salud, educación y previsión.

Se instala así una sociedad de mercado fundada en una lógica neoliberal, cuya impronta es promover la competencia y el individualismo, imponiendo los espacios privados por sobre los públicos, y rompiendo los lazos sociales, con la finalidad de formar individuos funcionales al nuevo sistema. Los ciudadanos activos, participantes, objetivo relevante de una democracia, son reemplazados por consumidores activos que ejercen una ciudadanía pasiva (García Carolina, 2016)

Para lograr este cambio radical de la sociedad, el más refundacional de la historia de Chile, que consistió en eliminar el Estado Benefactor para reemplazarlo por un Estado mínimo, se requería –vaya paradoja- de un Estado máximo, una dictadura.

Se impone así la Constitución de 1980, más dieciocho Leyes Orgánicas Constitucionales que abarcan las más diversas áreas que se intenta controlar y para evitar cualquier ingrata sorpresa, la continuación de Pinochet en la Comandancia del Ejército, los senadores designados y el sistema electoral binominal, que aseguraba la mitad del Parlamento a la derecha.

Agreguemos las siete modernizaciones de José Piñera para concretar el nuevo Estado, y el plan restaurador del bloque social conservador está completo: Plan Laboral, Reforma Previsional, Reestructuración de la Salud, Municipalización de la Educación, Modernización Judicial, Desarrollo Agrícola y la Reforma Administrativa y Regionalización. Todas estas modificaciones vía Leyes Orgánicas de alto quórum, impuestas sin Parlamento ni debate alguno, aseguraban que el aparato institucional establecido fuera inmodificable, lo cual, junto a un discurso antipolítico permanente, tendría consecuencias en la actividad política.

Sostenemos que en lo que concierne a Chile, el aparato institucional constituye un factor determinante en la pérdida de centralidad de la política, dado que representan un bloqueo permanente a la voluntad de los ciudadanos al establecer una “Democracia Protegida”, según expresión de civiles y militares de la época. Es una forma política sin soberanía popular plena, puesto que instala ciertos recaudos, ciertas “protecciones”, que impiden la expresión soberana de las mayorías para efectuar cambios al sistema imperante.

En esta refundación del país, los ciudadanos dejan de ser ciudadanos en la forma clásica griega, es decir personas con derecho y deber de participar libremente en la deliberación y en las decisiones comunes. La participación política está restringida, las “protecciones” son una forma de impedir que la acción política se exprese en modificaciones al sistema. La institucionalidad es una muralla insalvable.

La política existe, pero los ciudadanos están lejos, todo esto para defenderlos de la demagogia, la politiquería y la violencia. De esta forma, el neoliberalismo en Chile -por medio de la dictadura- se desarrolló en una cancha despejada de obstáculos, impuso todo lo que quiso, y a su vez logró con estas “protecciones”, restringir la representación democrática, estableciendo no solo un nuevo modelo económico sino también una ciudadanía mínima.

La política derivó en una actividad cupular, distante de las personas. No era posible efectuar modificaciones esenciales al sistema imperante, y se privilegió la llamada política de los acuerdos, que era solo aquello que los sectores conservadores, herederos de la dictadura, aceptaban modificar.

Los senadores designados fueron eliminados recién el 2005 y el sistema binominal el 2015, por un voto. No hubo transformación alguna al modelo económico neoliberal, ni intentos de hacerlo, ni debate político al respecto. En un momento el ciudadano común ya no lograba distinguir entre la izquierda y la derecha. La política perdió toda pasión e interés para las personas. La desafección a la política se expresaba en el aumento de la abstención electoral elección tras elección.

En ese contexto, fue posible que un proyecto de reforma Constitucional de Bachelet fuera “guardado en un cajón”, según confesión de un ministro del presidente Piñera, ante los aplausos y sonrisas cómplices de la flor y nata empresarial que lo escuchaba. Las demandas sociales quedaron también guardadas en un cajón. De la desigualdad estructural escandalosa en nuestro país, ni hablar.

En un sistema político trabado por el entramado de la dictadura, la controversia política es inoficiosa, no termina en soluciones, termina en nada. Los partidos políticos pierden el rol de conductores, dejan de representar opiniones programáticas que generen debates. Los debates son intrascendentes, sobre cualquier nimiedad, un debate entre payasos, según Juan Pablo Luna. La actividad política entra en un proceso de degeneración, con un resultado de apatía, distancia y pérdida de centralidad para las personas.

El segundo factor relevante en este proceso de degeneración de la política en Chile es fuera de duda, la corrupción. En este sistema bloqueado, en donde los partidos tienden a la irrelevancia y escasean los liderazgos valiosos, hay campo fértil para proyectos individuales y oportunistas, proclives a la fragmentación. Los partidos se transformaron en máquinas electorales, donde los principios también se guardaron en un cajón, y sólo importa ganar elecciones y repartir cargos. En la elite de los partidos se generan los puestos de poder, de trabajo, de influencias.

Es el ambiente propicio para la corrupción de todo tipo. La política comienza a ser financiada por un sector social interesado en impedir todo cambio (reforzando el sistema ya bloqueado), o en influir en las leyes que discute el parlamento. Es el momento en que grandes empresarios reparten millonarias cifras para financiar elecciones en casi todos los partidos (casos Penta, Soquimich y otros).

Así es como hemos visto leyes a la medida de intereses empresariales como la Ley de Pesca, o minutas con instrucciones de la Asociación de AFP en manos de parlamentarios durante la reforma previsional. Es lo que sabemos, pero de seguro, habrá decenas o centenas de casos que no sabemos de políticos sobornados.

En los municipios la corrupción es escandalosa, las investigaciones en manos de la Fiscalía alcanzan los $173.000 millones defraudados. Desde hace apenas cuatro años existen las Gobernaciones y ya tenemos casos de investigaciones por valores defraudados.

Esto comprueba que la corrupción en el país es un fenómeno galopante. Siendo así, la población percibe a los políticos como todos igualmente corruptos, como una casta depredadora que no aporta nada al bien común ni a resolver necesidades de las personas. Desconfía de la política, le es ajena y carece de importancia en su diario vivir.

La política perdió centralidad en Chile por los factores comunes al resto del mundo analizados en anterior columna, pero además por factores propios nuestros, como el sistema político bloqueado durante años por las protecciones dictatoriales, la consiguiente degeneración de los partidos políticos y la posterior corrupción generalizada.