En marzo de 2020, un incendio destruyó la casa de un vecino en la comuna de Tirúa.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, todo comenzó cuando un pino cayó sobre una línea eléctrica sin protección, lo que provocó una chispa que encendió la vegetación seca en la zona.

En pocos minutos, el fuego se extendió y terminó consumiendo por completo la vivienda y las pertenencias del afectado.

Ante esta situación, el dueño de la casa demandó a la empresa eléctrica Frontel, acusándola de no haber realizado un mantenimiento adecuado en el área donde ocurrió el incendio.

Después de un largo proceso judicial, la Corte Suprema confirmó que la empresa era responsable y rechazó el intento de Frontel de evitar el pago de una indemnización.

Según la justicia, la empresa no había cumplido con su deber de despejar la vegetación cercana a sus líneas eléctricas, lo que aumentó el riesgo de incendio.

Como resultado, la compañía deberá pagar $75 millones por los daños materiales y $15 millones por daño moral al afectado.

En su defensa, Frontel argumentó que la caída del árbol no era su responsabilidad y que los dueños de los terrenos también debían preocuparse por la seguridad de la zona.

Sin embargo, los jueces determinaron que la empresa tenía la obligación de mantener despejada la franja de seguridad alrededor de sus instalaciones y que su falta de acción permitió que el fuego se propagara rápidamente.