Un alumno de la Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea y su instructor murieron en un accidente aéreo mientras realizaban una maniobra de entrenamiento.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, esta práctica requería una reacción casi inmediata en caso de pérdida de control del avión, ya que el tiempo para corregir la situación era de solo dos segundos.

A pesar de que el estudiante había mostrado dificultades en su formación, especialmente en la capacidad de reaccionar correctamente durante el vuelo, se le permitió realizar el ejercicio de alto riesgo.

Los familiares del alumno presentaron una demanda contra el Estado, argumentando que la Fuerza Aérea actuó con negligencia al autorizar la maniobra sin tomar en cuenta los antecedentes del estudiante.

Afirmaron que la institución debió haber considerado su historial antes de permitirle ejecutar una práctica que exigía un alto nivel de destreza y concentración.

En un principio, la justicia rechazó la demanda, señalando que no había pruebas suficientes para responsabilizar a la Fuerza Aérea por lo ocurrido.

Sin embargo, el caso llegó hasta la Corte Suprema, donde los jueces revisaron la sentencia y encontraron que tenía errores en su análisis.

La Corte concluyó que la Fuerza Aérea no tomó en cuenta las condiciones específicas del estudiante ni la complejidad de la maniobra antes de autorizar su ejecución.

Por esta razón, el fallo anterior fue anulado y la Corte Suprema determinó que la Fuerza Aérea sí tuvo responsabilidad en el accidente por no haber actuado con el debido cuidado.

En su nueva decisión, el tribunal estableció que cumplir con los protocolos no es suficiente si no se evalúan correctamente los riesgos en cada caso.

Como consecuencia, la Corte Suprema determinó que el Estado deberá indemnizar a los familiares de las víctimas por el daño sufrido.

Según la sentencia, se ordenó el pago de $50.000.000 para la madre del alumno fallecido y la misma cantidad para cada uno de los padres del instructor.

Además, las hermanas del alumno y del instructor recibirán $15.000.000 cada una. Estos montos deberán ser reajustados según la variación del Índice de Precios al Consumidor y se pagarán con los intereses correspondientes desde que la sentencia quede firme.

El fallo no fue unánime, ya que uno de los jueces consideró que la decisión original estaba bien fundamentada y que no era necesario cambiarla.

Sin embargo, la mayoría del tribunal decidió que la falta de análisis del riesgo justificaba la invalidación del fallo anterior y la emisión de una nueva sentencia.