La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, respondió a las críticas por la lenta reconstrucción que ha tenido la quinta región luego del mega incendio que arrasó Quilpué y Viña del Mar, cuyo lamentable saldo fue más de tres mil viviendas damnificadas y 137 fallecidos.

Dada la demora en la instalación de nuevas viviendas, y en algunos casos la irregularidad en los pagos de algunos bonos para familias afectadas tras el siniestro, han aparecido los cuestionamientos por parte de todos los sectores de la política que califican el atraso como un "estado fallido".

Uno de ellos fue, de hecho, el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, que "hemos estado ante un proceso de reconstrucción que no ha cumplido con las expectativas de las personas, ni mucho menos ante un estado fallido, ante una carencia de información certera, que lo único que ha generado ha sido incertidumbre".

Bonos de acogida pendientes o aplazados

A esta visión se sumó, además, el diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, que este martes presentó 282 recursos de reposición de bonos de acogida que han dejado de pagarse por parte del Serviu, y de revisión en caso que no se realice el pago de acuerdo a lo establecido en un inicio.

El parlamentario advirtió que "estuvimos con apoyo de voluntarios recabando los antecedentes de todos los damnificados, porque teníamos múltiples reportes de que los bonos de acogida se estaban pagando mal y lo verificamos justamente en terreno".

"Les dejaron de pagar hace meses el bono de acogida a pesar que no podían ocupar su vivienda de emergencia, y entendiendo que el bono de acogida es para poder arrendar un lugar mientras tanto se realiza la reconstrucción", señaló.

De la misma manera, Lagomarsino denunció que "también hay muchos casos que pudimos recabar de (...) personas que tenían vivienda de emergencia inutilizable. Recordemos que esto fue muy cuestionado y muy cubierto por la prensa".

"Pimponeo" por parte de la delegación regional y el Serviu

"Fuimos rellenando para venir a presentar estos 282 recursos de reposición y de revisión, a fin de que a estas personas se les pague bien. Prospectivamente hacia el futuro, y que se les pague también retrospectivamente lo que no fue cancelado apropiadamente", agregó el integrante de la Cámara Baja.

En concreto, el congresista detalló que atendieron "cerca de cuatrocientas personas, muchas personas. Nosotros revisábamos los antecedentes y les estaban pagando bien de acuerdo a las instrucciones de la Subsecretaría del Interior, y fueron 282 casos los que detectamos que podrían estar no siendo pagados adecuadamente".

"Muchas de las personas decían 'no tenemos respuesta', que les han pagado mal. Van al Serviu, le dicen de Serviu que tienen que ir a la delegación, viene la delegación y dicen 'no, es que es de Serviu'. Entonces, finalmente terminan haciendo un pimponeo poco digno para personas que son damnificadas", criticó.

"Una institucionalidad mejor preparada"

En esa línea, la titular de la cartera de Desarrollo Social respondió que "hay un plan que en su totalidad fue planteado a cinco años, y en materia de vivienda el grueso de los compromisos eran a un plazo alrededor de dos años. Sin duda hay algunas que tienen mayor complejidad".

Según la secretaria de Estado, hay en total un 26% de avance respecto de la integralidad del Plan de Reconstrucción. "Yo entiendo la urgencia y por eso también hay soluciones transitorias", indicó respecto de los programas de educación y salud mental disponibles para la población.

"Resolver en un año la reconstrucción de una vivienda, la verdad es que excede también las capacidades de la institucionalidad actual y las complejidades del terreno", complementó mientras instó a mejorar las capacidades estatales para enfrentar catástrofes de esta naturaleza.

"Tenemos que hacernos cargo de enfrentar esta emergencia, (y de) que tengamos una institucionalidad mejor preparada. Porque no podemos simplemente seguir arrastrando deudas de reconstrucciones anteriores", replicó ña autoridad.