A fines de 2022, una mujer que trabajaba como técnico en enfermería en un centro de salud de Punta Arenas fue despedida sin que su empleador respetara su fuero maternal.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, durante ese año, había trabajado en un servicio de urgencia bajo contratos a honorarios firmados con la Corporación Municipal de Punta Arenas.

Sin embargo, cuando llegó diciembre, la institución decidió no seguir contando con sus servicios, dejándola sin empleo a pesar de que estaba embarazada y protegida por la ley.

La trabajadora llevó su caso a la justicia, argumentando que en la práctica su relación laboral no era la de una persona contratada por honorarios, sino que funcionaba como cualquier otro trabajador con derechos y deberes regidos por el Código del Trabajo.

También señaló que su despido fue ilegal, ya que la Corporación no solicitó una autorización judicial para desvincularla, como se exige cuando una mujer tiene fuero maternal.

El primer fallo, emitido por el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, le dio la razón y ordenó el pago de indemnizaciones.

Sin embargo, la Corporación apeló, y la Corte de Apelaciones eliminó la compensación por el despido, argumentando que la trabajadora no había solicitado su reincorporación.

El caso llegó hasta la Corte Suprema, que finalmente falló a favor de la trabajadora. El tribunal determinó que el despido fue nulo, ya que la Corporación Municipal debía haber solicitado una autorización antes de desvincularla.

Además, confirmó que su trabajo tenía todas las características de una relación laboral formal, por lo que la institución debía cumplir con las leyes que protegen a las trabajadoras embarazadas.

Como resultado, la Corte Suprema ordenó que la Corporación le pague $16.382.470 como indemnización por los sueldos que habría recibido si no hubiese sido despedida de manera ilegal.

También reconoció su derecho a las cotizaciones de salud y previsión correspondientes al período trabajado.