El miércoles recién pasado la sala del Senado dio -con el apoyo de 44 de los y las 45 senadores presentes- el último paso para lograr la aprobación total del proyecto de ley que entrega un aporte de reparación para las y los docentes afectados por la denominada “deuda histórica”.

Esto es una muy buena noticia, que permite contar de modo definitivo con una solución a quienes sufrieron una grave afectación en el marco del traspaso de la educación escolar a la administración de los municipios, durante la dictadura militar.

Con esto, se cierra un largo trabajo desarrollado como gobierno, con participación directa de las personas afectadas, cumpliendo así el compromiso asumido por el Presidente Gabriel Boric. Primero, a través del Colegio de Profesores y Profesoras, para la construcción de los elementos centrales de la propuesta presentada en el Congreso.

Y luego, de manera directa con quienes sufrieron esta afectación, cuando en octubre pasado más de 27 mil docentes participaron de una consulta en la que un contundente 82% se manifestó por aceptar esta propuesta.

Se da así respuesta a un problema de Estado de más de 40 años. En su desarrollo, esta situación tuvo fallos de tribunales nacionales, una condena al Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por sentencias de la justicia nacional no ejecutadas sobre esta materia, y varios pronunciamientos unánimes del parlamento en diferentes momentos, que instaron a los gobiernos a buscar una solución para esta problemática.

Por supuesto, y quizás lo más importante, nada de esto hubiese sido posible sin la lucha de miles de docentes a lo largo de todo el país. Lamentablemente, el tiempo transcurrido para llegar a esta solución hizo que muchos de ellos y ellas hayan fallecido durante esta larga espera.

Este histórico hecho es necesario destacarlo como una manifestación de cómo podemos, como país, avanzar poniendo por delante la capacidad de dar respuesta a profundas y significativas heridas y preocupaciones que afectan a nuestra sociedad.

En tiempos en que muchas veces prima la desconfianza, es destacable la voluntad observada en el Congreso, que permitió una tramitación muy expedita de esta iniciativa, con una aprobación transversal, y un respaldo casi unánime. No era posible que las y los docentes afectados siguieran esperando, o se quedaran sin respuesta.No podíamos como país desaprovechar la oportunidad de aportar con algo de justicia por este problema que se ha mantenido abierto por décadas.

Como se ha indicado, la ley aprobada considera un aporte de 4.5 millones de pesos por persona, a pagarse en dos cuotas a todos los docentes afectados que se encuentren vivos. Por el alcance financiero de esta medida, se propone un pago progresivo, a realizarse desde este 2025 hasta enero del año 2031, en 6 grupos, partiendo por las y los de mayor edad.

Desde el Ministerio de Educación ya estamos trabajando arduamente para cumplir con lo establecido en la ley, lo que implica iniciar los pagos al primer grupo de beneficiarios en octubre de este año. Prontamente informaremos los plazos de los distintos procedimientos asociados, incluyendo la entrega de antecedentes de las personas no identificadas que puedan sumarse a este aporte, en caso de cumplir con los requisitos establecidos en la norma.

Todos los procesos asociados a la entrega del aporte operarán mediante una página web exclusiva para este objetivo, la cual se complementará con canales de atención que faciliten a las personas afectadas la respuesta a sus consultas. Difundiremos con gran énfasis todos estos hitos, a fin de que el proceso avance de un modo ágil, y las personas involucradas tengan la información necesaria oportunamente.

Continuaremos avanzando en este proceso, con el convencimiento de que reparar la denominada “deuda histórica” es un gesto de dignificación a las y los docentes de ayer que sufrieron una afectación significativa, pero también que como país entregamos un mensaje a las y los docentes de hoy, y del futuro, de reconocimiento y valorización de su importante rol.

Para ello, seguiremos buscando aunar todas las voluntades y confiando que como sociedad somos capaces de anteponer el bien común, a fin de continuar concretando respuestas a los desafíos urgentes que enfrenta la educación de nuestro país.