Durante los últimos días, una serie de sentencias en tribunales chilenos ha destacado por exigir no solo compensaciones económicas, sino también disculpas públicas como medida reparatoria hacia funcionarias públicas que han sido víctimas de acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales.

Entre estos casos, dos recientes fallos han marcado un precedente en la protección de los derechos de trabajadoras del sector público.

El caso de Gendarmería: nueve sumarios y una remoción tras el posnatal

Una funcionaria de Gendarmería en la Región de Los Ríos vivió un calvario laboral entre 2019 y 2022.

Durante ese periodo, según se puede apreciar en el fallo judicial, fue objeto de nueve sumarios administrativos que terminaron sin sanciones en su contra.

Además, al regresar de su posnatal, fue removida de su cargo de jefatura sin ninguna explicación.

Según constató el Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, estos hechos generaron en la trabajadora un profundo daño emocional y constituyeron actos de discriminación laboral.

En la sentencia de primera instancia, el tribunal determinó que Gendarmería vulneró los derechos fundamentales de la funcionaria, ordenando al fisco pagarle una indemnización de $6.000.000 por daño moral, además de enviarle una carta de disculpas públicas.

En este documento, la institución debía reconocer los errores cometidos y el daño ocasionado.

El fisco, representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), intentó revertir este fallo presentando un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Valdivia.

Sin embargo, el 24 de septiembre de 2024, la Segunda Sala del tribunal de alzada, compuesta por la ministra Marcela Araya Novoa, la fiscal judicial Paola Oltra Schüler y el abogado integrante Iván Hunter Ampuero, rechazó la apelación y mantuvo la sentencia original.

En su fallo, la Corte señaló que someter a una persona a múltiples sumarios, aunque no resultaran en sanciones, genera una "carga, preocupación y situación de incertidumbre" que afecta la integridad emocional de la funcionaria.

Además, calificó como discriminatorio el hecho de que, al volver de su licencia maternal, se le privara de una oficina, computador y escritorio, lo que, según el tribunal, fue un indicio más del trato hostil que recibió la trabajadora.

La demanda en Calama: acoso sexual laboral junto con negligencia en la tramitación de un sumario

Otro caso ocurrió en Calama, donde una funcionaria denunció haber sufrido acoso sexual y laboral por parte de un superior desde 2019.

La denuncia quedó sin respuesta durante tres años, y la investigación administrativa solo comenzó después de múltiples insistencias. A la fecha del fallo, el sumario seguía inconcluso.

El Juzgado de Letras del Trabajo de Calama concluyó que la negligencia en la gestión de la denuncia agravó el daño emocional de la funcionaria, quien desarrolló un trastorno de ansiedad y depresión como consecuencia de los hechos.

El tribunal ordenó a la Corporación Municipal de Desarrollo Social (COMDES) pagarle una indemnización de $20.000.000 y, al igual que en el caso anterior, pedir disculpas públicas.

Estas disculpas debían ser publicadas en la página web y redes sociales de la institución, permaneciendo visibles por al menos 60 días.

El fallo, emitido por el juez Juan Pablo Flores, fue categórico al señalar que el trato hacia la denunciante mostró "absoluta indolencia" y "negligencia patronal", agravando una situación ya delicada.

Disculpas públicas: una medida que trasciende lo económico

Ambos casos destacan por la inclusión de medidas reparatorias simbólicas, como las disculpas públicas.

Esta exigencia busca no solo compensar económicamente a las víctimas, sino también reparar su dignidad y enviar un mensaje claro sobre la responsabilidad del Estado en garantizar un trato justo a sus trabajadoras.

En el fallo de Valdivia, la Corte enfatizó que la tutela laboral protege derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, recordando que "el solo hecho de ser investigada reiteradamente, sin fundamentos claros, afecta la integridad psíquica de cualquier persona".

Por su parte, el tribunal de Calama señaló que "la revictimización y demora en las investigaciones son una forma de perpetuar el daño".

Las disculpas públicas, en estos casos, simbolizan un reconocimiento de responsabilidad y un paso hacia la reparación integral de quienes han sido vulneradas en su ambiente laboral.