Tesorería descontó $20 millones por deuda tributaria de su indemnización como víctima de la dictadura: Corte anula
Tras el golpe de Estado de 1973, una persona fue detenida ilegalmente y sometida a torturas por agentes del Estado.
Décadas después, buscando justicia y reparación, interpuso una demanda contra el Estado y logró que un tribunal civil en Punta Arenas le otorgara $60 millones como indemnización por el daño físico y emocional sufrido.
Sin embargo y según se puede apreciar en el fallo judicial, lo que debía ser una reparación justa se transformó en un nuevo conflicto.
En noviembre de 2024, la Tesorería Regional de Magallanes descontó $19,5 millones de esa indemnización, argumentando que el afectado tenía deudas fiscales pendientes de años anteriores.
Esta situación generó rechazo, pues las indemnizaciones por violaciones a los derechos humanos no deberían ser utilizadas para cubrir deudas tributarias.
Representado por su abogado, decidió recurrir a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, buscando que se corrigiera esta acción de la Tesorería.
El 21 de enero de 2025, el tribunal falló a su favor, declarando que la Tesorería actuó de manera injusta y fuera de la ley.
Los jueces destacaron que las indemnizaciones por crímenes de lesa humanidad tienen como objetivo reparar un daño profundo, por lo que no pueden ser tratadas como impuestos o usadas para compensar otras deudas.
También recordaron que Chile tiene compromisos internacionales que exigen garantizar la reparación completa a las víctimas de estas violaciones.
El fallo ordenó a la Tesorería devolver la totalidad del monto descontado, asegurando que la persona reciba el pago completo de su indemnización.
