En medio del anuncio del Partido Republicano acerca de una acusación constitucional para la ministra Maya Fernández Allende (PS), y la admisibilidad por parte del Tribunal Constitucional de revisar el requerimiento que podría destituir a la senadora socialista María Isabel Allende Bussi como parlamentaria.

Así se llevó a cabo este jueves la primera jornada de declaraciones ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en el marco de la fallida transacción entre la familia del expresidente Salvador Allende y el Estado para que este adquiriera una de las propiedades con el fin de convertirla en un museo.

En esta ocasión, la citación era para Fernández en la sede de la Fiscalía Nacional en Santiago, aunque durante el día se dio a conocer que comparecería por medio de una plataforma para videollamadas. No obstante, la secretaria de Estado finalmente usó su derecho a guardar silencio y no respondió al interrogatorio.

La millonaria compra-venta, que finamente no se completó, no solo llevó a declarar la jefa de la cartera de Defensa Nacional a las indagatorias del Ministerio Público, sino también a la congresista e hija del emblemático exmandatario que hará lo propio este viernes a primera hora.

Criterio Tohá: "En este caso no se cumple en lo más mínimo"

Ante ese escenario, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que las determinaciones del Gobierno en esta materia son conocidas, y que lo han dado a conocer en reiteradas ocasiones. Esto en relación al denominado "Criterio Tohá" que desvincularía a las autoridades de la administración que resulten formalizadas.

"El declarar como imputado depende solamente de que basta que haya una querella contra alguien, automáticamente declara como imputado. Eso no es una condición relevante", agregó la cabeza de la repartición de seguridad pública.

En ese sentido, dijo en que "hay otras condiciones que sí lo son, muchas veces hemos hecho mención a eso, y es un criterio que tenemos como Gobierno que en este caso no se está cumpliendo lo más mínimo", pero insistió en que una imputación no es motivo de alarma.