A principios de enero la senadora Loreto Carvajal (PPD) realizó una visita por las instalaciones de Alimentos Marinos (ALIMAR) en Lota, una empresa que concentra sus operaciones en la Región del Biobío, donde produce harina y aceite de pescado y congelados de jurel. Además, se reunió con dirigentes sindicales e integrantes del directorio de Federación de Sindicatos de trabajadores de la Industria Pesquera Región del Biobío (FESIP), que representa a más de 2 mil trabajadores.

Una visita que ha tenido un correlato en la discusión del proyecto de fraccionamiento pesquero ha comenzado a evidenciarse en la Comisión de Pesca del Senado. La parlamentaria por la región del Ñuble, quien asumió como presidenta subrogante tras la salida de emergencia del senador Fidel Espinoza, ha mostrado un acercamiento cada vez más notorio hacia las posiciones de la industria pesquera, en la discusión del proyecto que busca modificar la distribución de cuotas heredada de la Ley Longueira.

Durante aquella visita, Carvajal mostró particular interés en el proceso productivo, realizando preguntas técnicas y proponiendo ideas para dar valor agregado al aceite de pescado.

"Creo que lo responsable como senadoras y senadores es conocer el marco y los efectos que provoca una legislación que puede ser muy importante para el país", señaló en aquella oportunidad, según quedó consignado por el medio Aqua.cl, agregando que "hay que darse el tiempo y sobre todo la responsabilidad" para estudiar el fraccionamiento.

El impacto de esta visita quedó en evidencia en las palabras del dirigente de FESIP y ALIMAR, Robinson Cárcamo, quien manifestó sus expectativas: "Me quedo con la grata impresión de que ella va a ser un apoyo fundamental en el tema (...) espero que eso se concrete después en una votación positiva para nosotros, los trabajadores de la industria pesquera".

Cuestionamientos de senadora Carvajal a Ejecutivo

Este cuestionamiento al Ejecutivo se evidenció en la última sesión de la Comisión de Pesca, donde la senadora Carvajal criticó duramente la falta de datos sobre el impacto laboral del proyecto. "No encuentro correcto ni responsable que vengamos a decir 'una vez que discutamos en particular, vamos a dar respuesta'. Señor subsecretario -de Pesca, Julio Salas-, ustedes están obligados a entregar datos que dejen sin ninguna duda los cuestionamientos", señaló la parlamentaria.

La senadora profundizó su crítica apuntando a la falta de claridad en los estudios presentados: "Cuando a mí me entregan un documento etéreo, que no señale efectivamente hoy día cuántos son en definitiva el número de impacto que va a tener, por ejemplo, si se cierra una pesquería o se abren más cupos en materia de pesca artesanal (...) ¿no será más fácil sincerar y decir que los datos no los tenemos, no los manejamos?".

"A mí me interesa que el Ejecutivo se haga cargo de un cuestionamiento que dice razón", insistió Carvajal, cuestionando que no exista claridad sobre "qué va a ocurrir si se disminuye la cuota en uno u otro sentido". La senadora advirtió que "es lamentable porque el impacto de una modificación de normas siempre tiene que estar medido y ojalá con el indicador claro de hombre y mujer respecto al empleo", agregando que no esperará a la discusión en particular para revisar estos puntos, lo que podría suponer dilatar la votación del proyecto y su salida de la comisión.

Según fuentes consultadas por El Desconcierto en el Congreso, el contexto legislativo sugiere que si la propuesta llegara a una votación directa, sería difícil para los parlamentarios rechazarla, considerando los cuestionamientos al origen de la ley vigente. Por ello, la dilación se presenta como una táctica para retrasar la discusión y eventual aprobación de la modificación de cuotas pesqueras.

Gerente de ALIMAR llama a detener discusión inmediata

En esa misma jornada, Claudio Salazar, gerente general de ALIMAR, presentó en la Comisión un análisis sobre la distribución del jurel entre pescadores industriales y artesanales en la región. "Esta ley de fraccionamiento requiere un análisis consistente previo a su aprobación. Consideramos que en este momento la discusión inmediata no es una opción apropiada", señaló

Además, Salazar advirtió sobre posibles consecuencias judiciales: "Estamos frente a un cambio de las reglas establecidas legalmente por 20 años, que tiene un periodo de vigencia hasta el año 2032 (...) Uno no puede descartar la posibilidad de que se generen acciones judiciales que son indeseadas, como una forma de cautelar los derechos que tenemos adquiridos formal y legalmente".

Distribución de fuerzas en la comisión

Recordemos que ésta no es la primera vez que el proyecto enfrenta a intentos de retraso. Durante su tramitación en la Cámara de Diputados, el proyecto avanzó apenas 38 de más de 375 artículos en nueve meses de intenso trabajo legislativo, lo que representa solo un 10% del trámite total, pese a que la Comisión de Pesca realizaba hasta cuatro sesiones semanales. Esta situación llevó finalmente a separar los artículos de fraccionamiento para una tramitación independiente.

La actual Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado está compuesta por cinco integrantes: el presidente Fidel Espinoza (PS), Loreto Carvajal (PPD), Carlos Ignacio Kuschel (RN), Daniel Núñez (PC) y David Sandoval (UDI). En este escenario, el voto de Carvajal podría ser determinante para definir el futuro del proyecto, debido a la correlación de fuerzas del oficialismo.

El proyecto de fraccionamiento busca modificar sustancialmente la distribución actual de cuotas pesqueras. En el caso del jurel, por ejemplo, que hoy está repartido en un 90% para la industria y 10% para artesanales, se propone que entre Atacama y Los Ríos la cuota industrial pase a ser de un 65% a 75%, mientras los artesanales obtendrían entre un 35% y 25%. Similar redistribución se plantea para recursos como la reineta, la jibia y la anchoveta.

El próximo martes la Comisión deberá votar en general el proyecto, mientras que el lunes 20 de enero vence el plazo para que tanto parlamentarios como el Ejecutivo presenten indicaciones. De ser aprobado, el proyecto continuará su tramitación en el Senado, donde la industria ya ha advertido posibles acciones judiciales si se mantienen los cambios propuestos en el fraccionamiento.

Pesca artesanal alerta por demoras en trámite legislativo

Una situación que, para Hernán Cortés, vocero de la Alianza por la Defensa de la Pesca Artesanal, refleja las dudas sobre el proceso legislativo: "Queremos que de una vez por todas los políticos se saquen la careta, que demuestren si están por cuidarle el bolsillo a la industria o por apoyar a la pesca artesanal, porque la industria su bolsillo la cuida sola, no necesita de los parlamentarios", aseguró en el 2do Congreso Nacional de CONDEPP celebrado en Caleta Lo Rojas.

Además, Cortés enumeró lo que denominó una secuencia de acciones "al menos extrañas": "En el acto 1, vemos a una senadora de la República reunirse con el gerente de ALIMAR; en el acto 2, esta misma senadora, siendo presidenta subrogante, le da tiempo extra en la discusión de la comisión de pesca y en los comentarios; y en el acto 3, al subsecretario, cuando quiere contestar los argumentos presentados por la industria, le va cortando la conversación y le pide que se apure 'por el tiempo'".

"Esto al menos nos parece raro. Situaciones similares vivimos cuando se tramitó la Ley Longueira, donde entre gallos y medianoche se juntaban algunos parlamentarios a conversaciones extraparlamentarias, que terminaron por darnos la razón en tribunales", cerró.