Una mujer venezolana que llegó a Chile en 2018 enfrentaba una orden de expulsión después de que el Ministerio del Interior rechazara su solicitud de residencia temporal en 2023.
Según las autoridades, ella habría ingresado al país después de la entrada en vigencia de una nueva ley migratoria.
Sin embargo, la mujer, según el fallo judicial, aseguró que esto era un error, ya que había estado en el país por años y solo salió durante poco más de un mes.
Durante su estadía, había trabajado legalmente y renovado sus permisos sin problemas en varias ocasiones.
La situación llevó a la mujer a presentar un recurso de amparo, señalando que la decisión era injusta y que no se habían considerado todos los antecedentes que demostraban su permanencia regular en el país.
También argumentó que la orden de expulsión afectaba su estabilidad laboral y su vida en Chile.
La Corte Suprema decidió a su favor, anulando la orden de abandono del país. Según los jueces, la decisión del ministerio fue desproporcionada y no tomó en cuenta información clave, como los registros que confirmaban su ingreso en 2018.
La Corte ordenó que se le otorgue un plazo adicional de 30 días para completar los requisitos legales y que su caso sea revisado nuevamente con justicia.
