A días de haber asumido como alcalde, Sebastián Sichel tuvo el atrevimiento de decir en televisión que tenía “un descuadre de caja” en el presupuesto municipal. Habló incluso de un “hoyo financiero”, sin haber hecho auditorías o haber llevado a cabo una revisión a conciencia de los ingresos y egresos del presupuesto.

Del mismo modo, en su análisis, no fue capaz de diferenciar entre presupuesto proyectado y flujo de caja. Este último, fue presentado por el concejal Andrés Argandoña, en RRSS, demostrando que contaba con un superávit de 9.950.678 millones de pesos.

Más allá de la evidente incapacidad del alcalde electo de interpretar las cifras asociadas al presupuesto, la incipiente gestión de Sebastián Sichel está marcada por una serie de faltas a la probidad, evidenciadas principalmente en las nuevas contrataciones que formarán parte de su gabinete. En sus nombramientos, encontramos cuestionables antecedentes e incluso evidencias de favoritismos en concursos públicos, conductas machistas y vínculos con el caso SQM.

Uno de los casos más emblemáticos es el nombramiento de Carlos López, flamante nuevo Director de Seguridad, quien fue llamado a retiro de Carabineros por malas prácticas hacia funcionarios de la institución. Parlamentarios de la región de Los Lagos, no dudaron en poner acento en su comportamiento autoritario y malos tratos.

Otro caso controversial es el de Gustavo Arcaya, nuevo Director de la DIGEPER, quien estuvo vinculado a la manipulación de concursos públicos en la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, donde la Contraloría rechazó 13 nombramientos de jefes de departamento debido a irregularidades en el proceso.

Y no solo actuó como nexo entre la subsecretaría y la consultora que elaboró los perfiles de los postulantes, sino que además seleccionó a personas con las que había trabajado en la municipalidad de Papudo, lo que abre serias dudas sobre el manejo de los recursos y las designaciones en el sector público.

El escándalo no termina ahí. La nueva Directora de DIDECO, Daniela Jaña Cabezas, también ha sido vinculada a situaciones de corrupción. Jaña, quien fue presidenta de la Juventud UDI, está en el centro del escándalo de SQM, debido a una boleta de honorarios por cinco millones de pesos que aparece como parte de una denuncia presentada por el SII. Llama la atención que en una dirección tan sensible, se ubique a una persona que está vinculada al uso de recursos públicos para fines personales.

Por otra parte, en Educación y Salud aterriza Claudio Valenzuela Chadwick como Secretario General. Valenzuela, quien era gerente interino en la CORFO, fue designado en su cargo luego de un dudoso concurso público que fue declarado desierto para luego ser designado a dedo por el alcalde electo como Gerente de Desarrollo Competitivo, que correspondía al mismo cargo, pero rebautizado.

Además, y pese a que Sichel indicó que reduciría el gasto en recursos humanos en las corporaciones municipales, no dudó en inventar el cargo de “Controlador de gestión” para Sebastián Montero. Fuentes cercanas a la corporación indican que Montero se mantiene encerrado en una oficina, sin hacer mayores labores que demuestren la necesidad de contar con ese cargo.

No podemos olvidar a Tomás Fuentes Barros, ex diputado que ha sido señalado por tener actitudes machistas hacia una colega de su partido, RN. Fuentes, lanzó una serie de ofensas sexistas contra la consejera general Berríos, dejando en evidencia sus propias conductas misóginas. A pesar de las denuncias y la presión interna, Fuentes no ha sido sancionado de manera ejemplar. Además, es quien se dedicó -durante la campaña-, a exponer a funcionarios de las corporaciones municipales, con nombre y apellido, e incluso con sus sueldos, acusando favores políticos.

No podemos obviar el nombramiento de Verónica Farfán, amiga cercana de Sichel. Farfán, quien dirigió la Corporación Cultural de Ñuñoa, firmó un contrato en 2019 que le aseguraba ocho meses adicionales de sueldo en caso de ser despedida. A pesar de que el tribunal laboral respaldó su reclamo, el pago de $66 millones adicionales a su indemnización genera dudas sobre la transparencia y la gestión de recursos públicos en la administración municipal de Ñuñoa bajo el mandato Zarhi. El equipo de Sichel avala el pago de esta indemnización, indicando que “se ajusta a la ley”.

Estos casos, aunque diversos en sus naturalezas, tienen un denominador común: la falta de transparencia, la tolerancia a la corrupción y el uso de cargos públicos para beneficio personal. La nueva administración se está constituyendo en base a amiguismos y favores políticos, independiente de las credenciales de los nuevos miembros del municipio.

Será la ciudadanía la que deberá juzgar si mantiene la fe en una gestión que inicia basándose en la falta de transparencia y en el evidente mal manejo político de un alcalde que, hasta ahora, se ha paseado por los medios de prensa mostrándose como una víctima y un paladín de la buena gestión de recursos públicos.