Los incendios forestales se han convertido en una grave y recurrente amenaza para Chile, causando daños muy difíciles de revertir en el ámbito social, ecológico y económico. El 99% tiene un origen antrópico (humano), siendo sus principales causas la negligencia y la intencionalidad (ambas abarcan el 87% de las ocurrencias).

Sin embargo, también es importante considerar otras causas que incrementan el riesgo de incendios, como la ubicación de obras y viviendas en zonas inapropiadas, la gestión inadecuada en zonas forestales y la acumulación crítica de biomasa en áreas de alto riesgo. El nivel de riesgo de un territorio está relacionado con la configuración de su paisaje y la forma en que se ejecutan las actividades en él.

Las estadísticas de CONAF indican que en el periodo comprendido entre los años 1985 y 2023, el 96% de los incendios se concentraron entre las regiones de Valparaíso a Los Lagos. Sin embargo, son 54 comunas las que se encuentran en situación crítica al acumular el 70% de las ocurrencias de incendios forestales.

Hace 25 años, pronósticos señalaban que si en Chile no se reducía significativamente el factor de ocurrencia de los incendios forestales en algunos sectores de mayor riesgo, las extensas superficies de plantaciones forestales podrían verse afectadas por incendios de características catastróficas (Astorga L. y Burschel H. (2019). Chile necesita un nuevo modelo forestal ante los desafíos climáticos, sociales y ambientales. Editorial LOM).

El año 2023, Cristian Echeverría, académico y director del Laboratorio de Ecología de Paisaje de la Universidad de Concepción, señaló que las plantaciones forestales llegan a formar unidades continuas de cerca de 300 mil hectáreas, extendiéndose por sobre 180 km de una región a otra de forma ininterrumpida (El Mostrador (2023). Estudio: Zonas con plantaciones forestales fueron las más afectadas por incendios en el verano).

Si se combinan condiciones climáticas favorables y grandes extensiones ininterrumpidas de material combustible, se genera un escenario de alta probabilidad de ocurrencia de incendios forestales en el centro-sur de Chile.

Si estos incendios adquieren características de megaincendio o incendios de sexta generación, los recursos humanos y materiales para combatirlos se vuelven infinitos. Por ello, dadas las variaciones climáticas que se están presentando, es importante que el Estado enfatice más en la prevención que en el combate.

Para poder reducir la vulnerabilidad de la población ante incendios forestales, la prevención se debiese abordar desde dos aspectos. El primero es a través de una planificación territorial multiescalar, articulada, descentralizada y vinculante, que impulse una gestión forestal moderna y efectiva en comunas con acumulación crítica de material combustible.

Esto implica ejecutar acciones de manejo forestal a nivel de paisajes (independiente si la propiedad es pública o privada), con monitoreo permanente, colocando énfasis en el interfaz urbano-rural, en paisajes dominados por plantaciones forestales, en ecosistemas forestales nativos que requieren intervenciones silviculturales y otras áreas que presenten riesgo de propagación de fuego.

El segundo aspecto considera el involucramiento activo de comunidades y organizaciones de la sociedad civil en planes de prevención y control temprano de incendios forestales. Se debe potenciar acciones preventivas y enfatizar la educación en la población.

Es necesario que las personas que viven y trabajan en entornos rurales vulnerables a la ocurrencia de incendios conozcan por qué se producen los incendios, cómo funciona el triángulo del fuego, qué medidas adoptar para prevenirlos y cómo reaccionar en caso de que ocurran.

Es necesario organizar, capacitar y equipar a la población local para acciones de control temprano y primer ataque, bajo un concepto de autoprotección con apoyo estatal e intersectorial.

Hay un tercer aspecto que es importante destacar, y tiene relación con las políticas públicas. Para que exista una mayor efectividad en el ámbito de la prevención ante incendios forestales, el fortalecimiento de la institucionalidad forestal y la modernización de los instrumentos sectoriales es fundamental y urgente.

En Chile no se cuenta con una legislación coherente y adecuada para la prevención y control de incendios forestales, tampoco con una estructura institucional pública (servicio forestal público / subsecretaría forestal a nivel de ministerio) que permita potenciar y dar coherencia a éste y otros ámbitos de acción.

También es indispensable que se modernicen políticas públicas que reemplacen el D.L. N°701/74, no solamente en sus objetivos de fomento, sino que también para regular la disposición, estructura y continuidad de las superficies a forestar/reforestar, así como el tratamiento y reducción de los desechos de podas, cortas y cosecha. Hay que colocar especial énfasis en la regulación de las distancias a centros poblados, infraestructura crítica y vías de comunicación.

Se debe señalar que en el año 2021 se publicó el protocolo de plantaciones forestales en respuesta a una propuesta de modificación al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40). Esta propuesta buscaba que todos los proyectos de explotación forestal ingresaran a evaluación ambiental. El protocolo fue formulado y acordado por los principales actores del sector forestal, estableciendo medidas de manejo más rigurosas que las contenidas en el D.L. N°701/74.

Sin embargo, este instrumento es de carácter voluntario, no vinculante. Es un buen momento para que las prescripciones técnicas acordadas en este protocolo sean solicitadas obligatoriamente en los planes de manejo forestal, en especial aquellas referentes a intervención del paisaje, protección de suelos, aguas, biodiversidad y medidas de prevención de incendios forestales.

Desde la Agrupación de Ingenieros(as) Forestales por el Bosque Nativo postulamos que la prevención ante incendios forestales con un enfoque de planificación multiescalar y articulada, de autoprotección y de manejo forestal para la adaptación territorial no solo ayudaría a reducir los riesgos de amenaza en la población, sino que también daños y costos. Y también contribuiría a recuperar algo que gradualmente se ha ido perdiendo en la población: la confianza en los gobiernos para enfrentar situaciones de desastre.