Organizaciones ambientales rechazan listado del Ministerio del Medio Ambiente que redujo 1,7 millones de hectáreas
El Ministerio del Medio Ambiente enfrenta una ola de críticas desde sectores opuestos tras publicar el listado de sitios prioritarios que se encuentra en consulta pública desde el 3 de septiembre. La propuesta, que contempla 99 territorios en todo el país, representa una reducción de 1.700.000 hectáreas con respecto a las áreas reconocidas en la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030.
Las organizaciones ambientales denuncian que áreas sensibles quedaron excluidas, mientras los gremios empresariales, liderados por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), amenazan con acciones judiciales para frenar la implementación de la nueva normativa.
Marco legal de los sitios prioritarios en Chile
El listado responde al mandato de la Ley 21.600, publicada en septiembre de 2023, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esta normativa completó la institucionalidad ambiental iniciada en 2010 con la Reforma 20.417, que modificó la Ley 19.300 de 1994.
En octubre de 2023, Arón Cavieres Cancino, ingeniero forestal y ex director de la Corporación Nacional Forestal entre 2014 y 2018, asumió como primer director nacional del servicio. La ley establece que el Ministerio debe determinar, mediante decreto supremo, los sitios prioritarios que pasarán a regirse por la nueva normativa en un plazo de cinco años.
Los sitios prioritarios son territorios con alto valor ecológico, hábitat de especies amenazadas o funciones clave para el equilibrio ambiental, donde el Estado debe impulsar medidas concretas de conservación, restauración y uso sustentable.
Críticas ambientales al proceso de consulta
Jorge Morales, defensor ambiental y vocero de la Alianza Territorial por la Naturaleza y la Biodiversidad, señaló que la elaboración del listado "deja fuera áreas sensibles para el sostén de la vida de las comunidades de los ecosistemas".
Entre las exclusiones más graves, Morales destacó que "las nacientes de los ríos o cabeceras de cuenca no están reconocidos, así como también otros humedales de importancia". Además, denunció que "las áreas de sacrificios no tienen alojado en ningún sitio prioritario reconocido".
El vocero ambiental cuestionó la metodología empleada por el ministerio, afirmando que "las bases metodológicas empleadas adolecen información completa y suficiente desde el punto de vista técnico-científico". Según las organizaciones, no solo se redujo la superficie incluida en la ley, sino que "los sitios prioritarios que quedan fuera de la ley también fueron ajustados a la baja".
Asimismo, las organizaciones denunciaron problemas técnicos en el proceso participativo. "En la plataforma de consulta ciudadana no estarían siendo registradas las observaciones ingresadas", advirtió Morales. También criticaron que la difusión del proceso fue limitada al Diario Oficial, en contraste con reuniones del Ministerio con grupos empresariales que fueron ampliamente publicitadas.
Presión empresarial contra las áreas protegidas
Desde el sector privado, la Sociedad Nacional de Minería ha liderado una campaña contra el listado de sitios prioritarios. Jorge Riesco, dirigente de Sonami, expuso en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados que solicitaron "extensión de plazo para la consulta" argumentando que "tenemos nueve consultas del Ministerio del Medio Ambiente simultáneas".
Riesco calificó los procesos de participación como "verdaderos simulacros de consulta, no han sido una consulta realmente informada, no están todos los antecedentes". El dirigente minero ha advertido que Sonami, junto a gremios salmoneros y forestales, realizará "todas las acciones judiciales necesarias" para paralizar la nueva ley de biodiversidad.
Sin embargo, las organizaciones ambientales rebaten estos argumentos señalando que "la denominación de sitios prioritarios no prohíbe el desarrollo de actividades productivas dentro de los mismos". Además, precisaron que "el 36% del territorio nacional está constituido por pertenencias mineras" y que "en la zona norte y centro del país, este porcentaje sube un 75%, siendo menos de un 10% el que finalmente se transforma en un proyecto minero".
Principio de no regresión ambiental en riesgo
La reducción de las hectáreas protegidas ha encendido las alarmas sobre una posible vulneración del principio de no regresión ambiental, que orienta la legislación ambiental y los actos administrativos del Estado. Este principio establece que las medidas de protección ambiental no pueden retroceder respecto a estándares previamente alcanzados.
Las organizaciones ambientales sostienen que el Ministerio del Medio Ambiente está mandatado a realizar un listado que reconozca "a lo menos las estrategias regionales de biodiversidad". De lo contrario, advierten, el Estado estaría incumpliendo sus obligaciones de protección de los ecosistemas.
El proceso de consulta pública se mantiene abierto mientras persiste la tensión entre la necesidad de proteger la biodiversidad del país y las presiones de sectores productivos que ven en las áreas protegidas un freno a sus proyectos de inversión. La definición final de los sitios prioritarios marcará un precedente en la política ambiental chilena de las próximas décadas.
