Dos personas se casaron en 1976, formaron una familia con dos hijos y vivieron juntos por cerca de una década antes de separarse en 1986.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, durante el matrimonio, la mujer se dedicó al cuidado del hogar y de sus hijos, mientras el hombre trabajaba como jardinero.

Con el tiempo, las vidas de ambos tomaron caminos distintos, pero la mujer decidió pedir el divorcio en 2023, acompañando su solicitud con una demanda de compensación económica.

La mujer solicitó una compensación económica de $5.181.946, argumentando que este monto reflejaría el costo de las oportunidades laborales que perdió durante los nueve años de matrimonio al dedicarse exclusivamente al cuidado del hogar y de sus hijos.

Argumentó que haber dedicado su vida al hogar le impidió trabajar y crecer profesionalmente, lo que afectó su situación económica actual.

La mujer, hoy de 65 años, vive con ingresos de $80.000 mensuales por cuidar a una nieta y enfrenta varios problemas de salud, además de no tener ahorros para su jubilación.

Aunque es propietaria de una casa que obtuvo con subsidio estatal, considera que esto no compensa las oportunidades laborales que perdió durante el matrimonio.

El hombre, por su parte, tiene 70 años, también sufre de problemas de salud y gana alrededor de $750.000 al mes entre su trabajo como jardinero y una jubilación, pero tampoco tiene ahorros ni propiedades.

El caso llegó primero al Juzgado de Familia de San Felipe, donde se aprobó el divorcio pero se rechazó la compensación económica.

El tribunal consideró que la mujer no demostró que su situación económica actual fuera consecuencia directa de su rol en el matrimonio, ya que terminó la convivencia cuando tenía 27 años, una edad que le habría permitido trabajar.

También se destacó que ambos cónyuges enfrentan dificultades económicas y problemas de salud, y que la mujer cuenta con una vivienda, lo que no representa un desbalance significativo frente al hombre.

La mujer apeló esta decisión, pero la Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó el fallo.

Finalmente, llevó su reclamo a la Corte Suprema, argumentando que la ley protege a quienes sacrificaron su desarrollo laboral para dedicarse a su familia.

Sin embargo, el máximo tribunal rechazó su recurso, señalando que la compensación económica exige pruebas claras de un perjuicio económico causado por el matrimonio, y estas pruebas no se presentaron de manera suficiente.

Con esta decisión, la Corte Suprema dejó firme el fallo que negó la compensación económica, marcando el fin del proceso judicial.