Tras 40 años: Estado reconoce como víctima de la dictadura a adolescente de 15 años desaparecido en Arica en 1986
El 1 de julio de 1986 un adolescente de 15 años salió de su casa en Arica rumbo a la vivienda de un compañero de colegio.
Desde ese momento no se volvió a saber de él. Durante décadas su familia intentó que el Estado reconociera su desaparición como parte de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.
Cuarenta años después, un fallo judicial permitió corregir un error que había mantenido su caso fuera de los registros oficiales.
Se trata de Luis Alberto Pino Soto, estudiante del Liceo A-1 Octavio Palma Pérez de Arica, cuyo rastro se perdió cerca de las 14 horas de ese día.
Tras una sentencia del 19° Juzgado Civil de Santiago, se ordenó su incorporación al listado oficial de personas desaparecidas de la dictadura.
La decisión judicial estableció que su caso quedó fuera del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación debido a dos errores: fue incluido en la categoría de casos “sin convicción” y además su apellido fue transcrito de manera incorrecta.
El reconocimiento oficial se concretó en febrero de este año en una ceremonia realizada en la Delegación Presidencial de Arica, encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, donde se entregó a la familia la carpeta del caso y el documento que acredita su inclusión en el registro de víctimas.
El abogado Francisco Bustos, representante de la familia, señaló que el reconocimiento implica un paso importante tras décadas de omisiones.
“Continuaremos acompañando a la familia, buscando verdad respecto del paradero de Luis Pino Soto y justicia respecto de los responsables de su desaparición. Por décadas el Estado no reconoció su desaparición y muchas autoridades nunca escucharon a la familia”, afirmó.
La causa volvió a activarse judicialmente en 2024 cuando el Estudio Caucoto Abogados, contactado por la familia a través de la organización Mujer, Memoria y Derechos Humanos de Arica, presentó una querella criminal por el delito de secuestro calificado, figura que corresponde a desaparición forzada.
En las diligencias se solicitó información a la Subsecretaría de Derechos Humanos, la cual confirmó que el adolescente había sido reconocido como víctima en una sesión de la Comisión Rettig realizada el 27 de diciembre de 1990.
Sin embargo, por razones que no se han podido establecer, su nombre no apareció finalmente en el informe publicado.
La investigación penal quedó en manos del ministro en visita extraordinaria Sergio Troncoso Espinoza, de la Corte de Apelaciones de La Serena, quien deberá indagar el paradero y destino del adolescente.
Luis Pino Soto continúa desaparecido. Tras cuarenta años, el Estado reconoció oficialmente su caso mientras su familia mantiene la búsqueda para conocer qué ocurrió y que los responsables enfrenten a la justicia.
