Luego de tres jornadas de tramitación, la Ley de Presupuesto 2025 entró a su recta final en el Senado con la discusión de las últimas partidas y las correspondientes  indicaciones presentadas por el gobierno para corregir los puntos de controversias provenientes de la Cámara de Diputados.

En ese contexto, hoy jueves en primer turno se discutió y votó la partida 31 correspondiente a los recursos que se pretenden destinar a las gobernaciones regionales. 

La materia es especialmente delicada para el Ejecutivo dado el antecedente del Caso Convenios que explotó en 2023 y que significó una profunda crisis en La Moneda dado la vinculación de militantes del Frente Amplio en fundaciones que habían suscrito contratos irregulares con gobernaciones, seremis y otras reparticiones del Estado. 

Por lo mismo, desde al año pasado, en la misma Ley de Presupuesto, el ministro de Hacienda Mario Marcel, anunció nuevas medidas para endurecer la normativa respecto a la entrega discrecional de recursos especialmente por parte de los gobiernos regionales. 

Ese mismo diseño aplicó este año el ministro junto a la directora de Presupuesto, Javiera Martínez, que hoy asistieron a la Cámara Alta para defender el presupuesto y la normativa para la entrega de recursos a los GORE 's. 

No obstante, senadores tanto de oposición como del oficialismo reprocharon ciertos aspectos de la propuesta del gobierno aludiendo a la insuficiencia de medidas para evitar que se vuelva a repetir la situación de los convenios con fundaciones.

Reproche de la Cámara Alta

El cruce más tenso lo protagonizaron el senador Carlos Kuschel (RN) y el ministro Marcel. En su intervención refiriéndose a la propuesta del gobierno, el parlamentario deslizó la teoría que la instrucción de firmar convenios de forma irregular provino desde el Ejecutivo, lo que fue refutado por el secretario de Estado que lo emplazó a presentar antecedentes ante la denuncia.

“Veo dificultades en el funcionamiento y en la entrega de recursos para los gobiernos regionales (...) Hay un modus operandi de instituciones y fundaciones específicas que tenían la forma de operar recurriendo a distintas entidades o fuentes de fondos, y quiero saber en qué medida se cierra cada una de esas puertas. Y esa claridad no la tengo, porque a veces desde la misma fuente de emisión de instructivos venía el consejo de cómo operar equivocadamente”, lanzó el senador RN. 

Marcel, por su parte, refutó: “Sobre temas de transferencias y lo que fue la experiencia de los abusos de los convenios con fundaciones, creo que hemos recorrido bastante camino. Y el senador Kuschel hizo referencia a que estos abusos habrían sido alentados por instructivos del gobierno, y la verdad es que este ha sido un tema que ha sido investigado, por lo que si él tiene evidencia de algún instructivo que cumpla con ese rol le agradeceríamos que nos lo hiciera presente. Porque esto de repetir y repetir pareciera ser totalmente impermeable a toda la investigación y análisis sobre la materia”.

Pero el punto no sólo fue hecho por la oposición. El senador Alfonso de Urresti (PS) también hizo alusión a la necesidad de no retroceder en materia de probidad, especialmente en cuanto a contratos entre gobernaciones y fundaciones se trata. 

“Vamos a respaldar las modificaciones, pero no podemos bajar el estándar y volver a cometer los errores de transferencias truchas y millonarias a organizaciones fantasmas que lo único que hizo fue engrosar los bolsillos de determinados inescrupulosos. Entonces, debemos mejorar la eficiencia y gestión, pero de ninguna manera retroceder en esta materia”, advirtió el senador. 

Ejecución del presupuesto

La discusión sobre los mecanismos de probidad y transparencia está estrechamente relacionado con el de la ejecución del presupuesto asignado. Según lo mencionado por el ministro Marcel, las nuevas normas para entablar relaciones con empresas o fundaciones que llevan a cabo proyectos encargados por los gobiernos regionales ha traído consigo una reducción en la ejecución del presupuesto asignado. 

“Se han detallado los controles necesarios y relevantes, tratando de eliminar aquellas cosas que demoran la ejecución de los proyectos. Tenemos que tener la capacidad de conciliar la transparencia y rendición de cuentas, con el hecho de que estamos depositando un volumen importante de recursos en los gobiernos regionales para el desarrollo. Y eso se está tratando de equilibrar”, argumentó Marcel respecto de las normas que acompañan los recursos entregados a los GORE 's.

En ese sentido, el jefe de la billetera fiscal aseguró que “no hay ningún elemento de discrecionalidad en la conformación de los presupuestos de los gobiernos regionales”.

De todas maneras el punto no estuvo exento de controversia. Senadores reclamaron por la baja ejecución de los proyectos y que, por lo visto el año pasado, las gobernaciones tienden a desembolsar una mayor cantidad de recursos durante los últimos tres meses para alcanzar el máximo de los designado y así no ver afectado los recursos que se entregan en el año posterior. 

De todas formas, el Ejecutivo logró que se aprobara la partida con 33 votos a favor, tres en contra, con importantes indicaciones presentadas por el gobierno como la que permite una glosa del 10% extra para complemento de obras sin solicitud previa del Consejo Regional; o la que permite transferencias a universidades pertenecientes al Consejo de Rectores.