En el marco del Caso Convenios, una exfuncionaria del Gobierno Regional de la Araucanía, Susan Alarcón Rubilar, fue detenida y acusada de fraude al fisco por un monto de $730 millones.

Según la investigación, la funcionaria habría coordinado con terceros la obtención ilegal de fondos públicos, recibiendo a cambio una comisión.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, estos hechos habrían ocurrido durante la presentación de propuestas para la distribución de dinero estatal.

La defensa de Alarcón presentó un recurso de amparo argumentando que no había pruebas suficientes para demostrar que ella cometió el delito con intenciones fraudulentas y que los hechos podrían deberse a una mala gestión.

Además, destacaron que su cliente se encontraba en condiciones de hacinamiento y sin acceso adecuado a atención médica en el Centro Penitenciario Femenino de Temuco, lo que contravendría tratados internacionales y normativas locales.

Pese a los argumentos de la defensa, la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de amparo. El tribunal sostuvo que, dado el alto monto defraudado y la gravedad de los delitos, la prisión preventiva era una medida necesaria para proteger la seguridad pública.

También consideró que existían presunciones fundadas sobre la participación de Alarcón en los hechos investigados y que su libertad podría representar un riesgo para el avance de la investigación.

Además, Gendarmería informó que la acusada tenía acceso a atención médica regular dentro del centro penitenciario y que las condiciones carcelarias, aunque no ideales, cumplían con los estándares nacionales.

Con estas justificaciones, la Corte decidió mantener la prisión preventiva de Susana Alarcón Rubilar mientras continúa el proceso judicial en su contra.