Un ciudadano haitiano que llevaba varios años viviendo y trabajando en Chile estuvo a punto de ser expulsado del país debido a un problema en su trámite de residencia definitiva.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, su solicitud había sido rechazada porque no presentó un documento que confirmara el pago de una multa.

Como consecuencia, las autoridades ordenaron que abandonara el territorio chileno.

El hombre, que no tiene antecedentes penales y cuenta con un trabajo estable, presentó un recurso de amparo para evitar la expulsión, argumentando que la medida era injusta y afectaba profundamente su vida en Chile, donde ya había construido una estabilidad laboral y social.

La Corte Suprema, tras revisar el caso, le dio la razón. En su fallo, el máximo tribunal determinó que la orden de expulsión era desproporcionada e ilegal, ya que no se consideraron las circunstancias personales del ciudadano ni su arraigo en el país.

La Corte también criticó a las autoridades migratorias por no darle la oportunidad de regularizar su situación antes de dictar la medida.

Finalmente, el tribunal anuló la orden de expulsión y estableció que el ciudadano haitiano tendrá un plazo de 60 días para resolver el pago de la multa y continuar con el trámite de su residencia.