Una compleja tramitación de la Ley de Presupuesto 2025 le espera al gobierno en el Senado. La semana pasada, la Cámara de Diputados despachó el proyecto con varias partidas rechazadas o programas e instituciones desfinanciados, principalmente por la oposición. 

Los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), el Sistema de Admisión Escolar, Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, el presupuesto del INDH y de la Subsecretaría de Derechos Humanos; además del Sistema de Protección Integral a Infancia “Chile Crece Contigo”, quedaron sin presupuesto. 

Sumado a ello, en materia medioambiental, la oposición logró rechazar el presupuesto del Servicio de Evaluación Ambiental y el de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia de Medio Ambiente. 

Ante ese panorama, el gobierno deberá negociar para reponer el presupuesto de las partidas rechazadas, con el componente de un Senado inclinado hacia la oposición que cuenta con mayoría debido a los dos votos clave de los senadores Matías Walker y Ximena Rincón. 

Con la distribución actual de las fuerzas políticas, el oficialismo cuenta con 22 votos, mientras que la derecha más Demócratas suman 27, con el factor del senador independiente Karim Bianchi que para el gobierno no es fácil de cuadrar. 

Por otro lado, hay ciertas partidas a las que se agregaron indicaciones, como es el caso de la que corresponde a Presidencia. La oposición, con votos oficialistas, logró establecer de facto, a través de la Ley de Presupuestos, que el Presidente Gabriel Boric y sus ministros deban someterse a un test de drogas obligatorio. 

Confianza del gobierno en el Senado

La situación, de todas maneras, no es una novedad. En el 2023 la oposición también había desfinanciado en la Cámara de Diputados al INDH, siendo el Senado el encargado de reponer los recursos. 

Por lo mismo, en el Ejecutivo confían en que en la Cámara Alta “primará el sentido común”. 

Al respecto, el ministro de Hacienda Mario Marcel, comentó hoy que “se van a hacer indicaciones para corregir todas las indicaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados, de las cuales reclamamos su constitucionalidad, porque la Ley de Presupuesto no es una ley miscelánea en la cual se puede incluir cualquier cosa”. 

Marcel, en ese sentido, hizo énfasis en el presupuesto para el INDH, señalando que “los recursos para el presupuesto del INDH se van a reponer ahora en la tramitación en el Senado. Preferimos radicar ahí la discusión sobre esta materia, dado que en otras oportunidades ha sido en esa instancia donde se han resuelto temas referidos a esta institución”. 

En todo caso, en el Ejecutivo tienen presente que gran parte de la discusión pasará por los “sectores moderados” de la oposición.

Sobre esto, el senador Daniel Núñez (PC) dice a El Desconcierto que “los supuestos sectores moderados en el Senado tendrán una dura prueba para que no sean arrastrados por la derecha más agresiva que sólo busca para el próximo año el fracaso del Gobierno en la gestión de políticas públicas que sigan mejorando la calidad de vida de millones de chilenos y chilenas”. 

“Si bien en el Senado la correlación de fuerzas favorece a la derecha, espero que retorne la racionalidad y se repongan partidas que son muy importantes para la sociedad chilena”, acotó el parlamentario. 

Terapia hormonales

Algo distinto ocurre con las indicaciones ingresadas por la oposición para prohibir que el Ministerio de Salud pueda financiar terapias hormonales para menores de edad. Al día de hoy, el Ejecutivo no cuenta con los votos para eliminar dichas normas, aunque se podría invocar reserva de constitucionalidad e ir al Tribunal Constitucional para 

La situación es compleja; ya que en la previa el Ministerio de Salud había paralizado la entrega y financiamiento de las terapias sucesivas a la espera de una mejor evidencia científica. Pero la oposición aprovechó el panorama. 

Sobre la discusión, el senador y presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, sostiene que “yo he defendido la idea de que si ya el Ministerio paralizó la entrega de las terapias a la espera de una mejor evidencia científica, es razonable. Pero poner en el presupuesto determinadas prohibiciones parece una exageración más bien motivada por razones ideológicas que por razones técnicas”. 

De todas formas, el senador afirma que “si ya ese programa está paralizado, ¿qué sentido tiene insistir sobre el punto? Vamos a ver qué resta en el trámite que queda, pero yo creo que es una lucha más bien política e ideológica de sectores muy conservadores”.