Como suele suceder todos los años, la discusión de la Ley de Presupuesto 2025 ya cuenta con algunas excentricidades e invenciones de los parlamentarios. A pesar de que el Poder Legislativo no tiene facultades para destinar recursos fiscales a aspectos específicos, ya que esa prerrogativa del Ejecutivo, en la discusión del presupuesto de la Nación el Congreso suele hacer puntos políticos al gobierno aprobando glosas que terminan siendo inconstitucionales o rechazadas en otras instancias. 

Justamente eso sucedió ayer martes en la Cámara de Diputados que ya comenzó a tramitar la Ley de Presupuesto aprobando varias glosas polémicas y que apuntan a trabar la propuesta del gobierno. 

Una de las situaciones que dejó la primera jornada de tramitación en Sala fue la arremetida de Demócratas para reducir a mil pesos los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior.

La repartición ha estado sumergida en una profunda crisis a raíz de la denuncia interpuesta por violación contra el exsubsecretario Manuel Monsalve. La Fiscalía, además, investiga a la otrora autoridad de gobierno por supuestas infracciones a la Ley de Inteligencia debido a las diligencias que habría encargado a personal de la Policía de Investigaciones como el levantamiento de cámaras del Hotel Panamericano donde habrían ocurrido los hechos por los que fue denunciado. 

Por lo mismo, la bancada de Demócratas impulsó una indicación para reducir hasta los mil pesos esta partida de la Subsecretaría del Interior. “Mientras este gobierno tenga a un ex subsecretario de interior investigado por mal uso de gastos reservados, no estamos disponibles a dar un cheque en blanco”, dijo sobre la aprobación de la partida la jefa de bancada de Demócratas, Joanna Pérez.

Y agregó: “Creemos que esos recursos sirven mucho más en el combate del crimen organizado de la delincuencia y del narcotráfico”.

De todas formas, la diputada Pérez aseguró que estarán abiertos a reponer los recursos en la medida que “el gobierno sea capaz de mostrar un protocolo, una revisión de estos gastos y que nos asegure que van a ser invertidos en los temas de fondo que al país le importan en materia de seguridad”.

De todas formas, el subsecretario de Interior, Luis Cordero, desdramatizó la situación y aseguró que la reducción de presupuesto no tiene efectos en el normal desarrollo de las tareas de la repartición “más allá de tareas puntuales”. 

Eso sí, aclaró que en el marco de la investigación a Monsalve por eventuales irregularidades en la utilización de los gastos reservados, “tanto el Ministerio del Interior y la Subsecretaría han hecho entrega de sus antecedentes tanto a la Contraloría como al Ministerio Público. Hay un régimen de rendición de cuentas sobre ese punto. Hasta ahora entiendo que no forma parte de la investigación del Ministerio Público, pero ese es un asunto que tiene que despejar el mismo organismo”. 

“Esa reducción, que yo entiendo que forma parte de un debate legislativo, tiene que ser observada con ciertos niveles de responsabilidad, porque más allá de la contingencia de un caso en específico, el uso de esos recursos tienen un propósito y el Congreso se encargó de regularlos detenidamente el año 2020”, sentenció Cordero. 

Test de drogas a Presidente

En la discusión de la partida presupuestaria de Presidencia, la oposición —con el apoyo de sectores del oficialismo— asestaron un duro golpe al gobierno al aprobar una glosa que mandata el Presidente Gabriel Boric y sus ministros a someterse a un test de drogas. 

A pesar de que tal medida debería ser regulada por ley por involucrar derechos constitucionales y responsabilidades del mandatario y sus secretarios de Estado, de todas formas la norma fue incluida en la redacción de la ley presupuestaria. 

Esto, debido a que se sometió a votación la admisibilidad de la norma luego de que la Mesa Directiva alegara inconstitucionalidad. 

Así, la norma que dice: “El Presidente de la República, sus ministros de Estado y subsecretarios deberán someterse semestralmente a un control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales”, fue aprobada por 81 votos a favor, 35 en contra y cuatro abstenciones. 

Lo llamativo fue que indicación —presentada por el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma— fue respaldada por la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC); el abanderado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic; y diputados del oficialismo como Leonardo Soto (PS); la jefa de bancada del PPD, Camila Musante (Independiente); junto al resto de la bancada liberal. 

De todas formas, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, invocó la reserva de constitucionalidad basándose en los mismos reparos que realizó la Secretaría General de la Cámara Baja.