Una niña de 12 años fue baleada mientras recolectaba dulces junto a su familia en la celebración de Halloween, un hecho que, más allá de la tragedia individual, revela la actual vulnerabilidad que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en Chile.

La violencia que impacta a las niñeces y adolescencias no puede seguir abordándose con respuestas fragmentadas o insuficientes. La protección de sus derechos debe estar en el centro de una política pública robusta, que no solo reaccione a estos actos de agresión, sino que trabaje proactivamente para prevenirlos.

Estudios internacionales y evidencia empírica coinciden en que las políticas más efectivas son aquellas que atacan los problemas en sus raíces y, que tienen un enfoque territorial y contextualizado.

Una de las características distintivas del crimen organizado, es su apropiación de un territorio. Esto lo hacen donde reúnen mejores condiciones para la impunidad y las alianzas de corrupción que les rentan mejor, convirtiendo a los y las habitantes en sujetos dependientes que “son comprados en sus voluntades con apoyo económico, dependencia en el consumo de drogas y se subordinan a sus ordenes, o son violentados o exterminados si se les oponen”.

Es en este escenario donde el ingreso temprano de niños o jóvenes al circuito criminal de la organización tiene como fin socializar nuevos “proyectos de vida” desde la contracultura, con el fin de perpetuar la existencia de esta.

Los espacios que está llenando el “crimen organizado” en las poblaciones de nuestro país son los espacios básicos de socialización de los niños y niñas, puesto que el prestigio, el reconocimiento, el sentido de pertenencia, e incluso las promesas de protección que ofrecen estas estructuras, superan a la cultura tradicional. El desfase ya se produjo; pero estamos a tiempo para ofrecer alternativas que sean legítimas y reales opciones de vida.

El ingreso de niños y adolescentes a estructuras del crimen organizado, y no solo a la delincuencia común, es una de las características transversales más complejas y lamentables de la nueva criminalidad organizada que vemos emerger en un mundo plagado de conflictos sociales provocados por la falta de inclusión, diversidad y políticas reales de superación de la pobreza.

Y las condiciones que provoca esto están dadas porque hemos fallado debido a múltiples factores: el aumento sostenido de la deserción y desvinculación del sistema escolar, sectores urbanos marginados y asentamientos precarios, falta de servicios públicos, y la ausencia de zonas cercanas y adecuadas de recreación, deporte y cultura. De hecho, en muchas comunas, estos espacios son controlados ya por el crimen organizado.

El reclutamiento temprano de niños y adolescentes al crimen organizado es la semilla que hace germinar un nuevo ecosistema social y cultural del crimen. Y la pregunta es, ante esto, ¿qué ofrecemos como sociedad?.

La respuesta hoy es pobre y anacrónica. Más cárcel, más cámaras de vigilancia, más luminarias, más alarmas, menos rehabilitación, menos reinserción, menos oportunidades, rebaja de edad de imputabilidad. Alternativas que entregan una misma solución, vacía de profundidad para avanzar en superar las causas de la vinculación de la niñez y la adolescencia con el delito, y que poco aportan a recuperar un ethos social y de oportunidades.

Lo que queremos proponer es hablar en serio de las verdaderas alternativas para una vida digna para todos esos niños y niñas que “dejan de serlo” cuando cometen un delito y pasan a ser delincuentes, “parias” o responsables del fracaso en que hemos incurrido como sociedad.

Es momento de que Chile asuma una visión de largo plazo, comprometida con un entorno seguro y protector para todos los menores de edad, evitando así que más familias vivan el dolor de una infancia vulnerada. Hablemos, pero en serio, de afrontar las causas que motivan que los niños y niñas elijan estas trayectorias.