Como cada año nuestros niños y niñas, entre los últimos días de octubre y mediados de noviembre, se encuentran rindiendo -una vez más- la evaluación más relevante para la toma de decisiones en política pública en el ámbito de la educación en Chile: el SIMCE.

Esta prueba, cuya data es de 1982, y que nace con su predecesor, el PER (Programa de Evaluación del Rendimiento) no ha cambiado sustancialmente su lógica y sus intenciones: medir de manera estandarizada la calidad de la educación por medio de un instrumento que se contesta a mano, con un lápiz, papel y goma.

A pesar de que ya han pasado 42 años desde su creación, esta evaluación sigue siendo objeto de deseo, y también de repudio, por académicos y expertas de distintas tendencias ideológicas.

Por un lado, quienes están a favor de esta prueba, argumentan que sirve a modo “termómetro” para conocer la calidad de la educación que reciben nuestros niños y jóvenes, y que es de fácil aplicación y procesamiento, ya que, al tratarse de un instrumento estandarizado con preguntas en su mayoría de opción simple o múltiple, permite en tiempo corto, y con un costo relativamente bajo, obtener una panorámica general del estado de los “objetivos de aprendizaje” logrados en cada nivel educativo en el que es aplicado.

En tanto, para sus detractores, se constituye en un símbolo de homogeneización de la educación, de reducción curricular, de tecnificación de la profesión docente, de prácticas de entrenamiento de alumnos para rendir este instrumento (teach to te test) y para muchos trae al recuerdo las conductas más arcaicas y cavernarias de exclusión en las que se “escondían” a estudiantes de bajo rendimiento, para no descender el puntaje de la escuela.

Lo cierto es que, a pesar de las más múltiples y diversas opiniones al respecto, el SIMCE sigue siendo un instrumento muy seductor para quienes toman las decisiones a nivel político, ya que bajo el manto de objetividad que ofrece el dato numérico, se pueden realizar análisis relativamente sencillos respecto del estado de la calidad de la educación.

Un caso claro del poder de atracción de esta evaluación, fueron las alzas presentadas el año pasado (2023) en los subsectores de lenguaje y comunicación, y de matemáticas en cuarto año básico (de 5 y 9 puntos respectivamente).

Esto fue celebrado como un “gran logro”, luego de la pandemia, por un gobierno cuyos intelectuales han sido históricamente muy críticos con el SIMCE, pero que sospechosamente, en estos años de administración, no han hecho mucho para mejorar la forma en que se puede ponderar la calidad de la educación en Chile, y utilizan estas cifras para defender algunas iniciativas como la “reactivación educativa”.

Por tanto, es necesario convivir con este SIMCE, pero trabajando de forma paralela en un instrumento que permita medir la calidad de la educación de la manera más integral posible. Proceso que tiene que estar acompañado con un cambio del currículum, el que tiene que estar a la altura de las necesidades para la ciudadanía y el mercado laboral del siglo XXI, incorporando temáticas como el cambio climático, realidad virtual, inteligencia artificial, emprendimiento, finanzas básicas y derechos, deberes y convivencia ciudadana.

Al mismo tiempo, se debe pensar en un instrumento que permita medir los niveles de inclusión de las escuelas, las habilidades socioemocionales (o blandas) y de comunicación que se desarrollan en cada una de las aulas.

Si el cambio en este sentido es gradual, procesual, participativo (no de espaldas a los profesores/as y familias) y considerando el futuro de los niños y jóvenes sin “sobre ideologizar” las políticas educativas, dependiendo del color político del gobierno de turno, se podrá generar una evaluación y un currículum más acorde a los estándares de un país que camina hacia el desarrollo, y no de uno que se encuentra estancado en discusiones propias de la época de la guerra fría, en donde las escuelas y sus actores están pagando muy caro las consecuencias de una educación descontextualizada y poco pertinente para este nuevo siglo.