Una mujer tenía 22 años cuando, en septiembre de 1973, fue violentamente detenida por efectivos del Ejército en su casa, ubicada en Chillán.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, esta mujer, quien entonces se dedicaba al hogar y vivía con su familia, no entendía la razón de su arresto.

Los soldados la trasladaron al Regimiento Militar de la ciudad, donde durante cinco días fue sometida a constantes abusos físicos y psicológicos en un ambiente de extrema violencia e intimidación.

Según los testimonios recogidos en su demanda, además de las agresiones físicas, los agentes también recurrieron a amenazas de muerte y a insinuaciones de abuso sexual.

La situación fue tan brutal que la mujer declaró haber sentido un miedo constante a morir, sintiéndose atrapada y sin defensa en un lugar donde su dignidad y seguridad eran violadas cada día.

La persecución hacia ella se debió a que los militares buscaban información sobre su esposo, quien era socialista, y que finalmente decidió entregarse para protegerla y poner fin a los abusos.

El sufrimiento de la mujer no se detuvo con su liberación, ya que los días de cautiverio dejaron secuelas profundas en su salud mental y física.

A lo largo de los años, la mujer ha enfrentado cuadros de estrés postraumático, un constante estado de alerta y dificultades para conciliar el sueño, además de una tristeza y angustia permanentes, como evidenciaron los informes psicológicos que presentó en su demanda.

Décadas después de estos hechos, la mujer llevó su caso ante la justicia para buscar una reparación.

En primera instancia, el Segundo Juzgado Civil de Chillán falló a su favor, ordenando al Estado a pagar una indemnización de $30.000.000 por el daño moral que le causaron los abusos sufridos en 1973.

Sin embargo, el Estado intentó revertir la sentencia, argumentando que la mujer ya había recibido ciertos beneficios y compensaciones a lo largo de los años como parte de los programas de reparación para víctimas de la dictadura.

Finalmente, la Corte de Apelaciones de Chillán revisó el caso y, en un fallo unánime, confirmó la sentencia a favor de mujer.

La Corte sostuvo que los beneficios anteriores otorgados a víctimas de la represión no compensan adecuadamente el sufrimiento personal y las secuelas emocionales que ella continúa padeciendo hasta hoy.

En su resolución, el tribunal consideró que los daños sufridos por la mujer, especialmente el impacto psicológico que la ha acompañado durante toda su vida, son razón suficiente para que reciba una indemnización adicional.

Este fallo refuerza el derecho de las víctimas de la represión a obtener una reparación justa y destaca la obligación del Estado de responder por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su nombre.

La Corte de Apelaciones concluyó que los actos de tortura y las secuelas emocionales que enfrenta la mujer no pueden considerarse completamente resarcidos con los beneficios generales otorgados a las víctimas de la dictadura, sino que requieren un reconocimiento específico y compensaciones adicionales por el dolor individual que sufrió.