Al cumplirse cinco años del estallido social, la mayor revuelta popular del país, es crucial reflexionar sobre las demandas que impulsaron las movilizaciones. Estas no solo expresaron el malestar social ante la ilegitimidad institucional y las desigualdades estructurales, sino también la exigencia de sectores populares y medios ante la falta de protección social y exclusión de sus voces en la política.

Ahora, las demandas de justicia, dignidad y mejores condiciones de vida siguen presentes, pero se hace fundamental entender por qué, desde entonces, la demanda por seguridad -que fuera aparentemente ajena a las demandas del estallido- ocupa hoy en día un lugar central.

Esta reflexión surge de una investigación realizada entre 2021 y 2022 en barrios críticos de La Pintana, una de las áreas más afectadas por la violencia y la falta de protección estatal. Nuestro trabajo de campo exploró experiencias de residentes, quienes, enfrentados a la inseguridad, el narcotráfico y el abandono policial, han desarrollado estrategias para reclamar al Estado su "derecho a vivir en paz".

Los testimonios muestran que la demanda por seguridad y justicia forma parte de una lucha más amplia por reconocimiento y derechos, en línea con las reivindicaciones por Dignidad visibilizadas desde ese octubre de 2019.

La demanda por seguridad no debe entenderse como un reclamo aislado o una reacción mecánica frente al aumento de la delincuencia. Como lo ilustran otros trabajos, las percepciones de inseguridad y las tasas de criminalidad siguen caminos independientes.

Esta exigencia se inscribe en una preocupación mayor por la supervivencia y el bienestar de los habitantes de barrios populares, quienes, a raíz del estallido social, han podido articular una 'gramática' de derechos que tematiza el abandono que sienten frente a la violencia y le exigen al Estado hacerse responsable de su protección.

Mauricio, un ingeniero residente en uno de estos barrios, expresó: “Aquí nos sentimos abandonados, ni siquiera los pacos (sic) se preocupan. Mientras en Las Condes los carabineros llegan en cinco minutos, nosotros seguimos aquí esperando, invisibles”.

Alejandro, presidente de una junta de vecinos, comentó: “Llamas, llamas, y a los pacos no les importa. O sea, ellos no van a venir porque somos La Pintana”.

Este abandono respecto a las policías y al Estado se corresponde con la distancia hacia el campo político, percibido como orientado por intereses egoístas y al margen del bien común.

Una participante de un comité de seguridad se preguntaba: “¿Por qué no ocupan la infraestructura que hay? ¿Por acuerdos políticos? ¿Y por qué no le dai un bienestar a tu gente que necesita?”.

Salvador, un adulto mayor evangélico, insistía: “¿Cuánta es la dieta parlamentaria, siete, ocho millones? Para estar ahí sin hacer nada, sabiendo que el pueblo tiene necesidad”.

Estos relatos y las protestas por mayor presencia policial y mayor protección, presentes en la comuna al menos desde 2017, expresan este reclamo dirigido al Estado por el derecho a vivir en tranquilidad.

La crisis del sistema judicial, encarnada en el Caso Hermosilla, ha evidenciado la necesidad de una reforma. Antes de esta crisis, estudios ya mostraban la falta de confianza en la justicia. Entre los sectores populares, se ha extendido una sensación de impunidad que agrava su distancia social y simbólica con el Estado. La justicia, para los habitantes de estos barrios, es vista como desigual e ineficaz.

Una asistente social que reside en estos barrios comentó: “Los pacos (sic) detienen a los delincuentes, pero los tribunales los sueltan. Y nosotros seguimos desprotegidos”.

Otro vecino dijo: “En este país, para las familias humildes no hay justicia. Solo para los de plata, en 24 horas resuelven los casos y, a veces, sin pruebas”.

En los últimos años, ha quedado en evidencia que la izquierda política ha tenido dificultades para procesar la demanda por seguridad pública como parte de la lucha por derechos democráticos de los sectores populares, a los cuales históricamente ha buscado representar.

Tradicionalmente, este tema ha sido dejado de lado o asociado exclusivamente a agendas conservadoras, lo que ha construido un vacío en la representación de las preocupaciones de quienes más sufren la violencia. Sin embargo, la exigencia de seguridad no está en contradicción con las luchas por derechos sociales.

Para una izquierda que busque reconectar con los anhelos populares, es crucial avanzar en políticas de seguridad que no se limiten a aumentar la presencia policial, sino que promuevan la organización social y política en territorios populares. Debemos renunciar a recetas mágicas.

A partir de nuestro estudio, creemos que, para enfrentar la crisis de seguridad y legitimidad institucional de manera sostenible, es central reconfigurar los lazos sociales de estos territorios y al mismo tiempo ampliar la arena política, construyendo incentivos para que los sectores populares participen y se empoderen.

Una dirigente vecinal resumió: “Aquí necesitamos poder organizarnos, ser parte de las decisiones, y que nuestras voces importen. Porque si solo mandan uno que otro paco (sic), no cambia nada”.

La demanda por seguridad no está separada de la expectativa de ser escuchados políticamente, lo que releva la importancia de un campo político que incorpore a los sectores populares, no solo mediante formas de participación consultivas, sino entregando espacios concretos para participar activamente en la disputa política.

No basta con mejorar la distribución policial o reformar superficialmente la justicia. La salida a los problemas de seguridad y legitimidad pasa por construir mecanismos que permitan la incorporación política de los sectores populares, garantizando una democracia donde tengan voz y reconocimiento.

La demanda por el derecho a vivir en paz, que enmarca la necesidad de seguridad y justicia, no es una petición menor ni desconectada de la lucha por dignidad expresada desde el 18 de octubre.

Es una exigencia que, junto a las demandas por derechos sociales y reconocimiento político, tiene la potencia de reorganizar las bases de nuestra sociedad, reconociendo el valor de los sectores populares para construir su propio futuro y, quizá, reconstruir así nuestra democracia.