Un recurso de protección a favor del destituido ministro de la Corte Suprema puso en alerta a la Cámara de Diputados. Se trata de una acción judicial presentada por la abogada Ana María Watkins —sin el consentimiento de Muñoz— la cual apunta a los 99 diputados que aprobaron la acusación constitucional contra el ministro en la Cámara Baja en su primer trámite.

El recurso se funda en lo que fue el punto más álgido de debate: el hecho de que el libelo contra Muñoz fue presentado en conjunto con el de Ángela Vivanco, la otra ministra de la Suprema destituida. ¿El problema? Las faltas imputadas a los ministros no tenían conexión alguna. 

Mientras a Vivanco se le acusó por sus nexos con Luis Hermosilla, a Muñoz se le imputó “notable abandono de deberes” por haber supuestamente revelado información de una causa que veía la sala que precedía a su hija, la jueza Graciel Muñoz. 

Es en ese punto del debate que se funda el recurso que fue declarado admisible por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. 

“En la acusación constitucional colectiva en contra de los señores Vivanco y Muñoz, a la jueza destituida, la juzgan principalmente por el denominado “caso audios”, en el cual el Ministro Muñoz no tiene nada que ver, por lo cual, los hechos por los que se les acusa son absolutamente inconexos y no tienen relación alguna”, enfatiza el recurso.

Y agrega: “Se demuestra la arbitrariedad e ilegalidad de la acusación constitucional colectiva en contra del juez Sergio Muñoz Gajardo, al compararla con la acusación constitucional interpuesta en contra del E. Ministro Matus, debiendo ambos haber sido juzgado en una acusación constitucional individual y no en la forma en que se hizo, lo cual atenta en contra del principio de la igualdad ante la ley consagrado constitucionalmente”.

“Aberración jurídica”

Aunque los parlamentarios no han sido notificados formalmente, ya se dieron por enterados mediante la difusión del recurso en la prensa. 

Las reacciones han sido variadas; desde quiénes sostienen que el recurso es el “derecho” de cualquier persona que pueda y quiera ejercerlo, hasta de calificarlo de una aberración jurídica.

El vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), defendió el actuar de la corporación señalando que “lo que ha hecho la Cámara de Diputados y el Senado es hacer uso de sus facultades constitucionales. Y en el uso de esas facultades constitucionales ha expulsado de la Corte Suprema a jueces que han faltado gravemente a la probidad y a sus deberes con un abandono notable de estos según indica la Constitución”. 

Y añadió que la Cámara “ha actuado de acuerdo a lo que dice la Constitución en el uso de las facultades que tenemos los parlamentarios y parlamentarias en nuestro país y por tanto lo que se ha hecho, se ha hecho de manera adecuada. Y obviamente que si alguien tiene el sentido de ingresar una presentación a los tribunales, está en su derecho a hacerlo”. 

Una opinión distinta, y más dura, fue la que expresó la diputada de Demócratas, Joanna Pérez, quien calificó el recurso de aberración jurídica. 

“Creemos que es una aberración jurídica y nos extraña mucho que la corte de Valparaíso se haya prestado para esta aberración”, dijo Pérez y a la vez que acusó que la decisión del tribunal “es interferir en otro poder del Estado” .

“Eso no lo vamos a permitir, por cierto que acá lo que se cuestiona es que definimos un procedimiento y eso es lo que no le gustó al juez Muñoz. No puede estar en juego nuestra votación de fondo, porque ahí tenemos garantías constitucionales y que ninguna persona ni magistratura alguna puede inmiscuir”, lanzó la diputada. 

Criterio Landeros puesto a prueba

Otros parlamentarios han optado por hacer hincapié en que la decisión de votar en conjunto las acusaciones —motivos por el que se presentó el recurso— se tomó en base a la interpretación que hizo la Secretaría General de la Cámara, encabezada por Miguel Landeros. 

En la ocasión, cuando diputados del oficialismo solicitaron que el libelo fuera dividido para votar separado los capítulos acusatorios dirigidos a Muñoz y Vivanco, respectivamente. Incluso, al ser una situación inédita, la bancada del PS solicitó que se decidiera por votación del Pleno de la Cámara. 

Sin embargo, Landeros aludió a que el tema está normado por Constitución, por lo tanto no se podía dividir la acusación ni tampoco votar para dirimir sobre la controversia. 

“Nosotros (la Cámara) sólo vemos la procedencia de la acusación constitucional, eso es lo que la cámara vota. El Senado puede dividir los capítulos (...). La norma de división que está en la Cámara, sólo se refiere a los proyectos de ley. El reglamento de la Cámara no tiene competencia para arreglar las acusaciones constitucionales”, explicó Landeros, criterio que fue apoyado por la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC). 

A raíz de eso, diputados hacen hincapié en que la polémica votación se realizó de acuerdo al criterio adoptado por la Mesa Directiva. 

“Nosotros lo que hicimos fue respaldar un criterio jurídico y un pronunciamiento constitucional por parte de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que fue respaldada con un informe y que en definitiva ni siquiera fue sometido a consideración o aprobación por los parlamentarios, por cuanto se entendía que no era nuestra facultad interpretar de una forma diversa lo que había se había acogido en cuanto a la forma de tramitación de la acusación”, sostiene el jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán. 

La diputada Camila Musante, en tanto, advierte que “es importante que se dé una respuesta como Cámara de Diputados porque lo que se está cuestionando es el hecho de votar dos acusaciones juntas y si es actuar se habría ajustado a lo que establece la ley”. 

En ese sentido, la jefa de bancada de diputados Independientes-PPD afirma que “de acuerdo al propio informe técnico elaborado por la Secretaría de la Cámara, esta votación en conjunto se ajustaría a lo que establece la ley orgánica constitucional” y añade que la Cámara debe  “responder en un informe en que se haga alusión a las normas que tuvimos a la vista para llevar el proceso de la manera que se llevó”.